En una reunión con personal de limpieza y mantenimiento del Senado de la República, la directora general de Recursos Humanos, maestra Elvia Lucía Aguillón Moreno, y la directora de Mantenimiento, licenciada Marisol López, desalentaron la afiliación sindical argumentando que no ofrece mayores garantías tras la basificación y podría generar cuotas innecesarias.

Las declaraciones se dieron por instrucciones del senador Adán Augusto López Hernández y con participación del secretario general de Servicios Administrativos, licenciado Oscar Palomera, justo cuando una reforma reciente —impulsada por el senador Alfonso Cepeda Salas y aprobada en noviembre de 2025— establece sanciones graves por injerencia de servidores públicos en la vida sindical.

En una reunión sostenida con trabajadores de las áreas de limpieza y mantenimiento del Senado de la República, la directora general de Recursos Humanos, Elvia Lucía Aguillón Moreno, fue quien dio el mensaje principal, mientras que Marisol López —directora de Mantenimiento y jefa directa de todos los trabajadores de estas áreas— reforzó la historia y concentró a la gente para la sesión.

Elvia Lucía Aguillón Moreno mencionó explícitamente que, por instrucciones del senador Adán Augusto López Hernández y del senador Gerardo Fernández Noroña, así como con la participación del secretario general de Servicios Administrativos, licenciado Oscar Palomera, se realizaban este tipo de pláticas con el personal.

También se debe considerar que, de acuerdo con la iniciativa presentada por el senador Alfonso Cepeda Salas, aprobada por el Senado en noviembre de 2025 y publicada posteriormente, existen sanciones expresas por la injerencia de los servidores públicos en la vida sindical —incluidas conductas como coacción, amenazas o presiones para influir en la afiliación o elecciones sindicales—, considerándolas faltas administrativas graves que pueden derivar en suspensión, destitución o inhabilitación de hasta 20 años.

Cabe destacar que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cámara de Senadores es quien pretende afiliar a estos empleados. Sin embargo dichos funcionarios argumentan que pertenecer a uno no ofrece mayores garantías laborales tras la basificación y podría implicar cuotas o gastos no previstos.

La intervención respondió a inquietudes reportadas entre el personal respecto a rumores de invitaciones para sindicalizarse. Marisol López expresó preocupación por dichos rumores y cuestionó la necesidad de “gestores” para asegurar derechos laborales: “¿Por qué ocupan gestores para tener sus derechos y sus garantías de mantener su trabajo?”.

Marisol López enfatizó que, contrario a lo que algunos trabajadores podrían creer, la sindicalización no representa una mejora en la estabilidad o condiciones laborales: “Ustedes pueden creer que formando parte de un sindicato, pues les pueden dar mayores garantías. Entonces, primero yo les quiero comentar: No es así. No es así”.

Agregó que en grupos previos la principal inquietud ha sido el temor a perder el empleo post-basificación, lo que lleva a considerar la sindicalización como opción.

Por su parte, la directora general de Recursos Humanos, maestra Elvia Lucía Aguillón Moreno, participó reforzando el mensaje central de que la afiliación sindical no implica beneficios reales ni mayor seguridad en el puesto.

Este encuentro ocurre en el marco del proceso de eliminación del outsourcing en el Senado, concretado a inicios de 2025, que permitió la contratación directa de alrededor de 390 trabajadores de limpieza y mantenimiento como empleados de confianza.

Sin embargo, persisten tensiones internas entre el personal, que busca consolidar derechos tras años de subcontratación, y la dirigencia administrativa, que sostiene que la basificación ya otorga todas las garantías necesarias sin intermediarios sindicales.

Cabe destacar que los derechos laborales están protegidos por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, en un contexto donde los trabajadores buscan fortalecer su posición laboral, y en contravención potencial a la reforma aprobada que prohíbe y sanciona precisamente este tipo de injerencias por parte de servidores públicos.

El cargo Atentan en Senado contra derechos laborales apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

López Hernández, quien también preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo), enfatizó que el Senado llevará a cabo este proceso conforme a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“El Senado de la República, como lo mandató el Tribunal Electoral, a través de la Mesa Directiva, va a realizar en tiempo y forma el proceso de insaculación. El Tribunal estableció un plazo límite para el próximo viernes, y nosotros vamos a cumplir con ese procedimiento”, declaró.

Senado avanzará con la insaculación de aspirantes a jueces pese a impugnaciones de la oposición

Respecto a la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial, el legislador minimizó el hecho y sostuvo que los exintegrantes ya no tenían funciones activas. “En realidad, ya no era una renuncia. No olvidemos que algunos de ellos siguen el guion que les imponen ciertos ministros o la presidenta de la Corte”, señaló.

Asimismo, descartó que este episodio represente una profundización de la crisis entre los poderes Legislativo y Judicial. “No es un asunto de crisis, el Legislativo está cumpliendo con lo que constitucionalmente le corresponde y lo vamos a hacer”, subrayó.

El proceso de insaculación se llevará a cabo este viernes, fecha límite establecida por el TEPJF, y se espera que la oposición continúe con su estrategia legal para frenar la designación de los aspirantes a jueces.

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La declaración de AMLO se da luego de los señalamientos lanzados desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos donde afirman que en nuestro país “sí se produce fentanilo”.

“Sí hay laboratorios, pero es materia prima que se trae de Asia y no lo que se hace aquí y no es México, repito el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos, yo sostengo que llega más fentanilo a Estados Unidos y a Canadá que lo que llega a México”, sostuvo.

Por último, precisó que en Estados Unidos hay pastillas de todos los colores “y sabores”, mientras que en México las pastillas de fentanilo son de color azul.

No obstante, López Obrador afirmó que México no es el principal responsable de la introducción de fentanilo en EUA. Según sus declaraciones, grandes cantidades de esta droga peligrosa entran directamente al país vecino, pero al no haber carteles de la droga en Estados Unidos, ironizó que las sustancias prohibidas “se distribuyen por telepatía” a los consumidores.

“Entonces, aquí lo que se hace es que se hacen pastillas, tiene un nombre, las troquelan (…) Hace poco encontramos en un laboratorio, constantemente estamos destruyendo laboratorios”, sentenció.

El cargo En México solo se “troquela” fentanilo, no se produce: AMLO apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

La fecha en la que Rossi Covarrubias asumirá sus funciones será fijada en una resolución viceministerial, precisó la norma que lleva la firma de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y de la canciller, Ana Cecilia Gervasi.

El nombramiento del nuevo cónsul general en Ciudad de México se produce un día después de que Gervasi acudió al Congreso para explicar que el cambio de funcionarios responde a una rotación regular, y días después de que el país disponga el retiro de su embajador por las “inaceptables declaraciones del mandatario mexicano respecto al gobierno de Boluarte.

“Nuestra cónsul general se mantiene en México en espera de la resolución que establece la fecha de su rotación, pero inmediatamente estamos nombrando un nuevo cónsul general. Así que la protección de nuestra comunidad en México está asegurada como siempre y como debe ser”, señaló Gervasi el viernes ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Sobre las relaciones con México, la ministra explicó que desde el gobierno se dispuso el pasado viernes el retiro del embajador peruano debido a “las reiteradas e inaceptables declaraciones” del presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, dejando las relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocios.

El 24 de febrero Boluarte anunció esta medida y rechazó “enérgicamente” las declaraciones de López Obrador “sobre asuntos internos de Perú e inaceptables cuestionamientos que, de manera reiterada”, el presidente de México ha formulado sobre “el origen constitucional y democrático” de su gobierno.

“El señor López ha decidido apoyar el golpe de Estado que diera el ahora expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, el mismo que generó el rechazo unánime de las instituciones que integran el orden democrático en Perú y la decisión del Congreso de la República de vacarlo en el cargo con el voto de 101 de sus 130 parlamentarios”, dijo la presidenta hace siete días.

El cargo Tras retiro de embajador, Perú nombra nuevo cónsul en México apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, precisó que del paquete de reformas en materia electoral, el Senado sólo abordará el cambio pendiente que realizó la Cámara de Diputados, para eliminar la posibilidad de que los partidos políticos puedan celebrar convenios para la distribución de votos.

Monreal Ávila compartió un mensaje en redes sociales, en el que recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es quien se encarga de revisar la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones del Poder Legislativo, por lo que el Senado acatará la resolución que, en su momento, emita esta instancia sobre la reforma electoral.

El legislador refirió que esta semana, la Junta de Coordinación Política recibió a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, así como al personal técnico del organismo, para hablar sobre lo que comúnmente se conoce como “Plan B” de la reforma electoral.

Para evitar confusiones o tergiversación sobre el tema, el líder de la mayoría legislativa realizó algunas precisiones respecto al procedimiento legislativo.

Recordó que el “Plan A”, que contenía reformas constitucionales en materia electoral, no se aprobó en la Cámara de Diputados, pues no alcanzó la mayoría calificada; por lo que se presentó un “Plan B”, conformado por seis leyes en materia electoral, agrupado en dos bloques.

Uno de ellos, continuó el senador, contiene cambios que ya fueron aprobados y están vigentes a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, aunque se les impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se encuentran pendientes de resolución.

El otro bloque incluye cuatro ordenamientos: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

No obstante, dijo, es conveniente acotar que, de los 390 artículos y los 30 transitorios, es decir, de un total de 420 artículos que lo integran, 419 están aprobados por ambas Cámaras.

De esta manera, sólo está pendiente de discusión y votación un cambio al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra señala:

Los Partidos Políticos podrán postular candidatos bajo la figura de Candidatura Común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los Partidos que decidan participar en esta modalidad. Los Partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos.

“Los otros 419 artículos ya fueron aprobados por ambas Cámaras y, de conformidad con el artículo 72 constitucional, la nueva discusión en el Senado de la República versará únicamente sobre el artículo o los artículos modificados, sin poder alterar de manera alguna los aprobados”.

En este contexto, las y los consejeros del INE, así como organizaciones civiles solicitaron audiencia con la Junta de Coordinación Política del Senado, por lo que las y los coordinadores parlamentarios escucharon sus preocupaciones.

“Coincidimos en algunas de ellas, pero por las razones expuestas, el Senado no puede hacer modificaciones a lo ya aprobado por ambas Cámaras”, insistió el presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Al respecto, de manera personal y ante mi estricta responsabilidad, afirmo que sobre el caso particular no tenían que convencerme; tan convencido estoy de sus preocupaciones, que en su momento voté en contra y emití un voto particular que pueden consultar en esta página. Enfrenté consecuencias y reacciones diversas, pero nunca he esquivado mi responsabilidad; hablar con la verdad es lo más congruente”.

“Tampoco he dudado en asumir íntegramente las consecuencias de mis actos. Por fortuna para la ciudadanía, de acuerdo con el artículo 105 constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la instancia que conoce sobre los asuntos de constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones que el Poder Legislativo emita, y habremos de acatar su resolución”, expresó el senador.

El cargo Precisa Ricardo Monreal que el Senado sólo abordará cambio en reforma electoral para eliminar “cláusula de vida eterna” apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

La senadora Josefina Vázquez Mota impulsa una reforma para que la Secretaría de Gobernación establezca dos páginas electrónicas específicas, de consulta pública, para registrar los datos de mujeres, niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos en el país.

La legisladora del PAN expuso que la Red por los Derechos de la Infancia en México reportó que desde que se tiene registro, es decir, a partir de 1964, 82 mil 328 niñas, niños y adolescentes fueron registrados como desaparecidos hasta el 25 de octubre de 2021.

De este total, explicó, 19.9 por ciento, 16 mil 378, continúan desaparecidos a la fecha, de los cuales, ocho mil 518 son mujeres y seis mil 952 hombres. Las mujeres representan 55.2 por ciento de esos casos. Las restantes 65 mil 950 personas, de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque uno por ciento de estas desapariciones, 710 casos, fueron halladas sin vida.

Vázquez Mota destacó que con datos oficiales evaluados por REDIM, 74.6 por ciento de las personas desaparecidas de 0 y 17 años en el país eran adolescentes de entre 12 y 17 años. Esto es 12 mil 213 de las 16,378 niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Del mismo total, siete mil 27 eran mujeres, 57.5 por ciento, al corte del 11 de abril de 2022.

“Por estas razones, la iniciativa que presento propone que se consideren como sujetos vulnerables a las niñas, niños y adolescentes, para brindarles la más alta protección”, sugirió la senadora Josefina Vázquez Mota.

Recordó que la Secretaría de Gobernación tiene la encomienda de implementar la página electrónica de consulta pública, cuya función es capturar cualquier registro de las personas reportadas como desaparecidas.

Por ello, agregó, se propone que se consideren como sujetos vulnerables a las niñas, niños y adolescentes, para brindarles la más alta protección.

Muchos de los casos de desaparición de las niñas, niños y adolescentes, advirtió, no cuentan con la oportuna celeridad para su búsqueda, por lo que la reforma sería una herramienta eficaz para la localización de los menores.

El proyecto para modificar el artículo 27, fracción VII TER, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue turnada de manera directa a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, el pasado 14 de diciembre.

El cargo Piden en el Senado registro electrónico específico de mujeres y menores desaparecidos apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

Se trata de un tema, destacó el legislador de Movimiento Ciudadano, que debe ser explicado por los responsables de esta transacción, pues la transparencia fortalece los actos de gobierno, pero la omisión de la información puede ser resultado de la corrupción.

Gama Basarte publicó en un punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente del pasado 14 de enero, que plantea citar a comparecer al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, para que informe al Congreso todo lo relacionado con la compra de Mexicana de Aviación, así como la situación de los ex trabajadores de la aerolínea.

Dijo que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de la Aviación Mexicana señalaron que los recursos de la venta y algunos activos de Mexicana de Aviación sólo alcanzarán para cubrir parcialmente las liquidaciones de quienes trabajaron en la aerolínea antes de la quiebra.

A lo largo de los últimos meses, el gobierno y los ex trabajadores de Mexicana de Aviación sostuvieron una serie de reuniones para negociar la compra de la marca y de otros bienes que se encuentran en el concurso mercantil; en un primer tiempo, el gobierno ofrecía 600 millones de pesos, posteriormente la oferta creció a 700 millones de pesos, y finalmente cerró en 816 millones de pesos.

El pasado 6 de enero de este año, el gobierno de México concretó la compra de la marca Mexicana de Aviación, con el objetivo de crear una empresa aérea dirigida por elementos en retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, el senador señaló que se desconoce cuál será la situación de los extrabajadores y que este es un tema que debe ser explicado por los responsables de esta transacción.

El cargo SICT tiene que informar detalles de la compra de Mexicana de Aviación, consideran en el Congreso apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

Mayorga Delgado inscribió en la Gaceta de la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitar al Banco de México un informe sobre los precios, proyecciones de la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés y la situación económica de México en el contexto internacional.

Argumentó que México presenta grandes retos, entre los que se encuentra la desaceleración económica a nivel mundial, en un contexto de inflación generalizada, aspectos que se derivan por múltiples factores como la pandemia por Covid-19 o la invasión de Rusia a Ucrania.

En México podemos sentir “lejanos” estos países; sin embargo, son importantes proveedores de energía, cereales y ciertos metales e incluso en muchos casos, la dependencia de estos productos es muy alta, lo que provoca un desequilibrio de suministros en muchos niveles.

De acuerdo con el Banco Mundial, este contexto da como resultado un crecimiento acelerado de la inflación, promueve que las condiciones financieras sean más restrictivas y acentúa la incertidumbre en el ámbito político.

“A nivel nacional, además de los factores globales, ya se tenía un panorama complicado en materia económica, por lo que 2023 será un año en donde afrontemos diversos desafíos”, consideró la senadora.

Aunque no hemos tenido un crecimiento económico en los últimos cuatro años, agregó, el tipo de cambio, la llegada de remesas y la actividad económica se mantuvieron relativamente estables durante el 2022, y otros indicadores como la inflación, tuvieron un impacto negativo en los hogares, en donde aumentó la pobreza.

El indicador macroeconómico que más preocupó durante el año pasado fue la inflación, que rompió con fuerza la meta establecida por el Banco de México e incluso tocó niveles no vistos en 20 años; al corte de la primera quincena de diciembre la tasa de inflación interanual fue de 7.7 por ciento.

Además, en el documento que se publicó en la Gaceta del pasado 5 de enero, Nuvia Mayorga señaló que las familias gastan lo mismo, pero compran 40 por ciento menos en productos de consumo masivo, en especial aquellas que cuentan con más de cinco integrantes, y aquellos hogares con infantes de entre seis y 12 años.

De acuerdo con la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante hay una lista de al menos 16 productos de consumo popular que fueron los que registraron los picos o subidas de precios de mayor impacto en 2022.

Destacaron el pollo entero, que alcanzó los 220 pesos en Guerrero; el aguacate, a 160 pesos el kilo en Zacatecas; la naranja, con 85 pesos el kilo en Tabasco; el kilo de huevo, a 82 pesos en Nuevo León; y el kilo de manzana a 75 pesos en Hidalgo.

“El encarecimiento de la vida y los bajos salarios se han combinado durante 2022 para impedir a las familias costear la canasta básica de alimentos. En el país, cuatro de cada 10 personas no pueden costear su alimentación con su ingreso laboral, acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”, subrayó la senadora.

El cargo Inflación incrementa todos los niveles de inseguridad alimentaria, advierten en el Congreso apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

En un mensaje difundido en redes sociales, el líder de la Cámara Alta le deseó “el mayor de los éxitos en esta encomienda a favor de la justicia e igualdad de todas y todos los mexicanos”.

Piña Hernández es la primera mujer presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y representará al Poder Judicial Federal hasta el 31 de diciembre de 2026.

La ministra fue electa por sus colegas tras tres rondas de votaciones, y obtuvo el triunfo con seis votos, uno más que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, contra quien compitió en la última ronda de sufragios.

La sesión solemne para la elección de la nueva presidenta fue presidida por el ministro decano Luis María Aguilar Morales, quien posteriormente tomó la protesta a la nueva titular del Poder Judicial.

Piña Hernández sucede en el cargo a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por los próximos cuatro años, es decir, para el periodo 2023-2026.

El cargo Senado se congratula por designación de Norma Piña como presidenta de la SCJN: Armenta apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

La legisladora de Acción Nacional precisó que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, nuestro país ocupó, en 2019, el primer lugar en abuso sexual infantil.

Señaló que, de cada mil casos de abuso sexual contra menores en el país, solo 100 se denuncian y de estos, únicamente el 10 por ciento llega ante un juez, y de los cuales, sólo el uno por ciento recibe una sentencia condenatoria, de acuerdo con cifras de la OCDE.

Por ello, a través de una iniciativa, la senadora propuso reformar la Ley de Asistencia Social, a fin de que todas las niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido cualquier tipo de violencia sexual, tengan derecho a la asistencia social.

De esta forma, se busca que la reforma sirva como una herramienta que contribuya a inhibir, perseguir, sancionar y resarcir las violaciones ocurridas contra este sector de la población, precisó la legisladora.

Dijo que es responsabilidad de padres de familia e instituciones del Estado garantizarles un ambiente saludable, seguro, sano, en armonía y libre de todo acto que atente contra su desarrollo físico y emocional, contra su desarrollo integral.

Vázquez Mota, subrayó que muchos de los casos de violencia sexual infantil, se realizan por terceros, y de los cuales muchos de los menores y adolescentes no cuentan con tratamientos íntegros para la reparación del daño.

Josefina Vázquez afirmó que es claro que las consecuencias de la violencia sexual pueden ser devastadoras tanto a corto como a largo plazo, especialmente cuando el abusador es una figura de confianza.

Mencionó que datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, indican que, durante 2021, en el marco de la pandemia, aumentó 117 por ciento, la producción y consumo de pornografía infantil en México, por lo que este este mercado se duplicó, además de que se calcula que 21 mil niños son secuestrados anualmente en el país para explotación sexual infantil.

En el proyecto, que se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo y Bienestar Social y de Estudios Legislativos, la senadora destacó que la asistencia social sirve para que toda la población goce de los mismos derechos y oportunidades, salvaguardando y procurando resarcir los derechos vulnerados, como ocurre con los miles de menores y adolescentes que sufren violencia sexual.

El cargo Necesario garantizar seguridad social a niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido abuso sexual apareció primero en La Chispa de Oaxaca.