El presidente Andrés Manuel López Obrador y todos sus aliados políticos montaron toda una campaña de desprestigio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE); lo hicieron aduciendo lo costoso que resulta ese organismo, señalando que el árbitro electoral no es imparcial y que los procesos electorales son injustos. Por ello presentaron una reforma constitucional electoral cuya intención era desaparecer el INE y que las elecciones volvieran a ser organizadas por el gobierno.

Eso no solamente es una regresión negativa; implica volver a las dudas sobre la limpieza de los comicios e implica que el gobierno sería juez y parte en los comicios electorales, pero además, al pasar el padrón electoral a la Secretaría de Gobernación es darle al gobierno en turno el control de los electores.

En su existencia como árbitro electoral, el INE ha organizado más de 300 procesos electorales, todos se resolvieron por la vía institucional, eso permitió que ahora la alternancia política se convirtiera en una regla y que el partido gobernante gane una de cada tres elecciones.

Es decir, el INE garantiza que los procesos electorales sean confiables y que los votos ciudadanos se cuenten bien y que cuenten, es decir que tengan el peso específico de la voluntad plasmada por los electores al cruzar las boletas.

El único gran escándalo que marcó la capacidad organizativa del INE fue la elección del 2006 y fue producto del coraje del ahora presidente López Obrador, tras perder la elección presidencial por un estrecho margen.

Sin embargo, estos que ahora buscan desaparecer al instituto electoral gobiernan gracias al proceso electoral sin mancha que organizaron el 2018 y a que el conteo de votos fue tan pulcro que le permitió a López Obrador asumir la presidencia de la República.

Si hay una institución que tiene la confianza de los ciudadanos es precisamente el INE. Al menos un 70 por ciento expresa que confían en los procesos que organiza; están convencidos de que sus votos serán bien contados y entienden que ejercer su derecho al voto garantiza transiciones democráticas apegadas a la legalidad.

El gran argumento del gobierno del presidente es que el INE resulta muy costoso; sin embargo ese precio que se paga por procesos electorales deriva de todos los candados que los propios partidos políticos han ido imponiendo para que la autonomía de la institución sea la punta de lanza para elecciones creíbles y equitativas.

Mucho se ha dicho que el INE es costoso, lo cierto es que su presupuesto ha venido a la baja: el 2021 ejercieron 20 mil millones de pesos, este 2022 su presupuesto fue de 13 mil 914 millones de pesos, una reducción de poco más de 6 mil millones de pesos y con una consulta nacional promovida por el Presidente de la República y que además de costosa fue innecesaria y de muy baja participación.

El Presidente argumenta que los 11 millones de pesos que se paga de salario a los Consejeros, es mucho dinero, pero eso no es nada si se considera que la señora Beatriz Gutiérrez Müller, tiene una partida para ella sola de 32 millones de pesos; que el presidente y su familia viven en Palacio Nacional y eso tiene un costo mensual de 6 millones de pesos (72 millones de pesos al año) y tiene a su disposición 160 empleados.

El pasado 7 de noviembre se anunció que el INE contrató un seguro de gastos médicos mayores para sus empleados por un monto de 295 millones de pesos y el Presidente y sus voceros se escandalizaron; el pasado 2 de diciembre la Fiscalía General de la República anunció que contrató un seguro de gastos médicos mayores por 440 millones de pesos (105 millones más caro que el del INE) y nadie se quejó ni lo consideró un gasto superfluo.

En medio de esta batahola que se formó en torno al INE, las “corcholatas” del presidente se lanzaron desaforadas a una campaña electoral adelantada, con la eventualidad de que pasara la reforma constitucional electoral, el INE se abstuvo de emitir alguna sanción por el derroche de recursos públicos, los viajes, los eventos proselitistas, las marchas, las bardas pintadas y otras acciones que entran dentro del concepto de “campañas anticipadas”.

Sin embargo, cuando los ciudadanos salieron a marchar en su defensa y luego de que en legislativo se estableció que la iniciativa presidencial no tenía los votos suficientes para ser aprobada, el INE sacó los dientes.

Apenas el viernes 1 de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó un plazo de 24 horas para que la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se deslinde públicamente de la campaña ilegal de pintas, lonas y publicaciones en redes sociales que aparecen a su favor y que pretenden posicionarla como la candidata de Morena para la elección presidencial del 2024.

Eso se espera del INE, que no deje a nadie se adelante y que de manera ilegal pretenda sacar ventaja. Ahí radica la importancia de tener órganos electorales autónomos, que hagan respetar la ley y no se intimiden ante nada ni nadie.

El cargo “El INE muestra los dientes” apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

La marcha del pasado 27 de noviembre no fue tan exitosa como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pensaba, esa manifestación le mostró una realidad, que si bien no es una alerta roja, sí debe encender los focos amarillos en su cuarta trasformación y debe ser un llamado de atención para su principal “corcholata”, Claudia Sheinbaum.

De entrada vamos a aceptar que marcharon 1.2 millones de simpatizantes del presidente López Obrador, acarreados o no, la cifra es pobre si se consideran varios factores.

En primera instancia, debemos recordar que AMLO ganó con una votación que superó los 30 millones de votos; pero para el 2021 esa votación se desinfló y perdió diez millones de votos; se estima que el voto duro de Morena puede ser de máximo 15 millones de seguidores.

Esa cantidad le da suficiente espacio y margen para ganar la presidencia de la República a cualquiera de sus candidatos, pero no le garantiza el control del legislativo y eso sería una debacle para un gobierno que aspira a querer destruir todo lo construido en el pasado, para desde ahí erigir un nuevo modelo de instituciones.

Que a la marcha “solamente acudiera” 1.2 millones de personas, representa que ni siquiera el 10 por ciento de sus seguidores acudió a la convocatoria. Pero además, queda claro que al salir a marchar también aceptó que solamente gobierna para una fracción de mexicanos y que desprecia a la otra, incluso esos que votaron por él el 2018 y que ahora están decepcionados.

Un segundo aspecto es que esa marcha no tuvo réplicas en otras ciudades, todo el capital se puso en una sola manifestación. Quizá hubiera generado un impacto mayor si en lugar de concentrarse exclusivamente en la Ciudad de México, se hubiera encargado a gobiernos estatales y municipales que en sus principales ciudades también se organizaran marchas de apoyo.

No es lo mismo que marche 1.2 millones de personas concentradas en una ciudad, que organizar una mega manifestación a nivel nacional: la logística hubiera resultado más fácil, la movilización habría resultado más barata, el impacto hubiera sido mucho más porque las imágenes de muchas marchas, con contingentes numerosos pudo abrir la especulación respecto de cuantos marcharon y seguramente hubieran sido más de ese 1.2 millones que ahora presumen.

Tercero, una manifestación de 1.2 millones de personas en la Ciudad de México, es pobre. No debe olvidarse que es la Capital de la República el bastión de Morena, es ahí donde gobiernan al mayor número de personas y si se considera la cercanía con entidades como Puebla, Morelos, Guerrero, incluso Veracruz, esa cantidad es muy pobre.

Aquí es donde aparece Claudia Sheinbaum. Por ser la sede de la concentración a ella le correspondía llenar las calles con simpatizantes, pero es evidente que no fue así y eso se explica porque la Ciudad de México está dividida en dos grandes sectores: los que gobierna Morena y la otra mitad que gobierna la Alianza Va por México.

No solamente se trataba de darle una muestra de apoyo al Presidente, también era el momento para que ella mostrara el músculo político, la capacidad organizativa. Si ya estaba decidido utilizar los recursos del erario público, era el momento para que los manifestantes que ahora presumen se multiplicaran por dos o por tres. Con una aportación de contingentes de esa magnitud, la gobernadora Sheinbaum no habría necesitado que sus seguidores insultaran y agredieran a Marcelo Ebrard.

En síntesis, el presidente López Obrador volvió a comprobar que sin recursos públicos que inflen artificialmente su movimiento, no tiene la convocatoria que logró en su campaña electoral. También comprobó que concentrarse en un solo lugar solamente exhibió a un gobierno necesitado de respaldo popular, pero pudo ser más efectivo si todo ese apoyo se hacía sentir en todos los lugares, donde alcaldes y gobernadores o gobernadoras de Morena tiene el control territorial y los padrones a la mano para movilizar a un mayor número de personas.

Finalmente también pudo comprobar que Claudia Sheinbaum no tiene el arrastre popular que ella presume, que en la Ciudad de México es vulnerable y que ni siquiera con la presencia del mismo Presidente logra crecer y convocar ciudadanos a las marchas de apoyo al Presidente.

Festinar que marcharon 1.2 millones de personas, es reconocer que el apoyo al presidente López Obrador se reduce al 1 por ciento de la población en México y deja abierta la puerta para que esos votos desencantados que han perdido en estos cuatro años puedan ser explotados por la oposición.

Pero tiene una gran ventaja: la oposición no existe.

El cargo “La preocupación del Presidente” apareció primero en La Chispa de Oaxaca.