El encuentro fue encabezado por la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, y contó con la participación de los ministros Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Por parte del Ejecutivo, estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos.

Impacto del recorte presupuestal y el destino de los fideicomisos

La reunión abordó la reducción del 12% al presupuesto del PJF, aprobado por la Cámara de Diputados, que ha generado preocupación entre los trabajadores judiciales. Este recorte afecta directamente prestaciones laborales y salarios, motivo de recientes movilizaciones y amenazas de paro por parte del personal del PJF.

En este contexto, la SCJN presentó una solicitud de ampliación presupuestal para 2025, amparada en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial de 2023. El objetivo es garantizar los derechos laborales de los empleados y evitar afectaciones derivadas de la extinción de fideicomisos, cuyos recursos ascienden a más de 10 mil millones de pesos.

Según datos de la SCJN, hasta enero de 2024, seis fideicomisos concentraban 6 mil 241.9 millones de pesos, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) administraba cuatro fondos adicionales por 10 mil 260 millones de pesos. A esto se suma un fideicomiso del Tribunal Electoral del PJF con 18.2 millones de pesos.

SCJN y SEGOB diálogo para salvaguardar derechos laborales en el Poder Judicial

Compromiso federal y pasos a seguir

El gobierno federal se comprometió a analizar la solicitud de ampliación presupuestal, enfatizando la necesidad de evitar que los ajustes financieros afecten los derechos de los trabajadores. Como contraparte, la SCJN accedió a establecer una mesa de trabajo con representantes del Poder Judicial, la Consejería Jurídica y Nacional Financiera (Nafin), con el propósito de explorar alternativas para la administración de los recursos restantes de los fideicomisos.

Suspensión del Comité de Evaluación del PJF

Otro de los puntos abordados fue la paralización de los trabajos del Comité de Evaluación del PJF, aunque no se detallaron acuerdos específicos sobre este tema. La continuidad de las labores del comité es clave para la revisión de los impactos de las reformas y el diseño de estrategias administrativas para el Poder Judicial.

Un diálogo clave en tiempos de transformación

La instalación de la mesa de trabajo representa un esfuerzo por tender puentes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, en un contexto marcado por la reforma judicial y sus implicaciones financieras. Este diálogo es esencial para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores del PJF y asegurar que la justicia en México se ejerza sin interrupciones.

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Preocupaciones de los Inversionistas

Clark reveló que, en conversaciones recientes, varios inversionistas canadienses le transmitieron su preocupación por la reforma judicial. “He escuchado esta mañana estas preocupaciones. Lo único que estoy haciendo es escuchar lo que dicen nuestros inversionistas al respecto, y hay preocupación”, declaró el embajador.

El diplomático subrayó la importancia del “vínculo de confianza” que existe entre los inversionistas y el Gobierno de México, señalando que la estabilidad y previsibilidad del marco legal son fundamentales para la inversión extranjera. “Una inversión es una muestra de confianza. Yo voy a invertir en tu país, yo voy a construir una fábrica o invertir en una empresa mexicana”, explicó.

Preocupación Creciente Entre Inversionistas Canadienses por Reforma Judicial en México

Impacto Potencial en la Relación México-Canadá

Aunque Clark se mostró cauteloso al abordar el tema, dejó claro que su papel como diplomático es transmitir las preocupaciones del sector privado canadiense, sin que esto implique una injerencia en los asuntos internos de México. “Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, puntualizó.

Contexto Regional y Opinión de EUA

El embajador estadounidense en México, Ken Salazar, también se pronunció sobre la reforma judicial, advirtiendo que podría poner en riesgo la democracia y la relación comercial entre ambos países, especialmente en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Salazar expresó que la elección directa y política de jueces podría debilitar los esfuerzos para fortalecer la integración económica de América del Norte.

Por último, las declaraciones de los embajadores de Canadá y Estados Unidos subrayan una creciente preocupación internacional sobre la reforma judicial en México, particularmente en relación con su posible impacto en la confianza de los inversionistas y la estabilidad del entorno legal. Mientras se acerca la revisión del T-MEC en 2026, estas inquietudes podrían influir en las futuras relaciones comerciales y diplomáticas entre México y sus socios norteamericanos.

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Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador fue cuestionado nuevamente sobre el paro en el PJF. En su respuesta, reiteró que la reforma no perjudicará a los trabajadores, asegurando que el problema principal es la corrupción “que hay arriba”. Enfatizó que su gobierno respeta el derecho a la manifestación y subrayó: “Nosotros no reprimimos”.

En un giro en la narrativa, López Obrador anunció que enviará una carta a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, instándola a resolver los expedientes pendientes relacionados con adeudos fiscales por 35 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.

“Hoy le voy a pedir a la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, y a la Consejera Jurídica, María Estela Ríos González, que envíen un oficio a la presidenta de la SCJN para que le dé trámite a estos expedientes”, señaló el mandatario.

AMLO Reitera Oferta de No Represión y Urge a la SCJN Resolver Expedientes Fiscales

Asimismo, el paro en el PJF, motivado por la preocupación de los trabajadores ante la reforma judicial, refleja el clima de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Mientras los empleados del PJF mantienen su postura de resistencia, el presidente López Obrador aprovecha la coyuntura para presionar a la SCJN en un asunto de gran importancia fiscal.

El mandatario también recordó que la cuestión de los adeudos fiscales ya ha sido resuelta en favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en instancias previas y consideró inconstitucional el retraso en la resolución final por parte de la SCJN.

Finalmente, este cruce de declaraciones y acciones subraya la complejidad de la relación entre los distintos poderes del Estado en México. Mientras los trabajadores del PJF continúan su paro, el presidente López Obrador mantiene su narrativa contra la corrupción y presiona a la SCJN para acelerar la resolución de casos de alto impacto económico. En los próximos días, la respuesta de la Suprema Corte será clave para determinar el rumbo de este conflicto.

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