La escasez de agua en varias regiones del país, se agrava cada año. Las presas del Valle de México están en su nivel de captación más bajo de los últimos años, a menos de la mitad a simple vista: la de Valle de Bravo y Villa Victoria –en el Estado de México- y la de El Bosque, en Michoacán.

Para dar idea del agotamiento, algunas estimaciones de Conagua –el organismo regulador- señalan que de cada 10 gotas de lluvia que se precipitaban en tiempos normales, en estos últimos cuatro años apenas caen tres.

Lo cierto es que de continuar la tala inmoderada, irracional y clandestina, de los bosques del Estado de México, y en general de todos en el país, el problema de escasez va a complicarse.

A pesar de la explotación irracional, de acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la riqueza forestal de México -hasta el año 2020- sumaba 65.7 millones de hectáreas de superficie arbolada (bosques, selvas, manglares y otras asociaciones vegetales).

Se ha venido denunciando la tala irracional y clandestina, pero de poco ha servido. Algunos datos de la FAO establecen que México tuvo en los últimos lustros un nivel de deforestación de 155 mil hectáreas por año, y que al menos 60 mil son irregulares. Hasta un 70% de la comercialización de madera tiene origen ilegal.

La PROFEPA tiene identificadas 108 “zonas críticas” forestales en el país, en las que ocurren diversos delitos ambientales en toda la cadena productiva forestal. Para combatir el problema, esa dependencia federal implementa acciones diversas, pero con escasos resultados.

A pesar de las tristes evidencias (lagos, lagunas y ríos agotados y contaminados), la falta de conciencia es patente y criminal. Este es el caso del desarrollo residencial “Bosque Diamante” en el municipio Jilotzingo, del Estado de México, que ha suscitado mucha polémica.

Este proyecto consiste –de acuerdo con los denunciantes- en la construcción de cerca de 20 mil viviendas -según permiso obtenido por los desarrolladores en 2017- sobre una superficie de 238 hectáreas de bosque de encino, lo cual implicaría acabar con 180 mil árboles. La población actual del municipio pasaría de 20 mil habitantes a más de 80 mil.

Si llegara a consumarse el irracional megaproyecto –denuncian los habitantes del municipio- se reduciría el caudal de agua para la cercana Presa Madín, que provee del vital líquido a importantes municipios de la región. El asunto quedó en manos de los jueces y ministros.

Otro ejemplo de la criminal mentalidad antiecológica es el municipio de Huixquilucan -al occidente de la Ciudad de México-, donde desde hace años los desarrolladores invaden el exuberante bosque con grandes construcciones residenciales de gran lujo, rodeadas de asentamientos irregulares de bajos recursos.

Todos los días la mancha urbana capitalina sigue ganando terreno. La sociedad tiene que presionar hacia la adopción de otras medidas regulatorias y sancionatorias. Está de por medio el agua, y los bosques debieran ser intocables.

El cargo La deforestación criminal sigue imparable apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

En las películas de cine, la Inteligencia Artificial se anticipó desde hace décadas como una ficción imposible o muy remota, pero hoy es una realidad inquietante.

Está sacudiendo las conciencias de gobernantes y analistas en muchos países donde se interesan por los temas trascendentes.

No es el caso de México, donde la banalidad y la riña política consumen las horas y los días en lo que pareciera una competencia por ver quién es mejor en el campo de lo irrelevante.

Desde hace algunos años los científicos y expertos de los países más desarrollados, junto con los emprendedores visionarios de esas tecnologías futuristas, lanzaron al mercado sus innovaciones sorprendentes -ahora mejoradas-.

En lo económico, la automatización de los procesos productivos tendrá un impacto de 16 billones de dólares hacia el año 2030 -a la vuelta de la esquina-, de acuerdo con una proyección de la consultora PWC.

Algo más: por lo menos el 40% de empresas habían adoptado –hacia enero del 2020- soluciones de automatización; pero los cálculos desde entonces eran que en dos años el cambio alcanzaría a un 90%; así de rápido, se dijo en Las Vegas, Nevada, durante la Feria de Tecnologías CES, realizada en enero de 2020.

En aquellas puertas hacia el futuro, estaba la oportunidad de que México se sumara a esa gran aventura hacia lo nuevo. La meta debía ser aprovechar las ventajas en la parte de las soluciones que llegaban a ofrecer la ola de innovaciones, pero tomar precauciones ante los efectos negativos para los sectores vulnerables de la sociedad.

Voces de advertencia, sonaron, pero nunca ha sido fácil penetrar las corazas de los líderes políticos del país, siempre más ubicados en lo inmediato y en la consecución de logros personales o partidistas.

Hoy, la realidad nos alcanzó, en condiciones muy desventajosas, tratando de subir a un tren de alta velocidad sin estación en México.

Sobran las justificaciones y los pretextos. Lo que cuenta son los hechos y estos revelan que los dirigentes políticos han regateado inversión pública en ciencia y tecnología, en educación superior e innovación de frontera.

Las alarmas sísmicas han sonado. Gran parte del desempleo existente y el que está brotando en México en diversos sectores de la economía, es ya resultado de la sustitución de manos y mente de obra.

Un aspecto debiera quedar claro: poner obstáculos al tren de la innovación puede ser una equivocación histórica.

En los países más avanzados analizan los resultados preliminares y plantean alternativas.

En México es urgente que los tomadores de decisiones participen con determinación, buscando opciones en todo y más que nada en la parte del desempleo. Ya no es posible esconder en el ambulantaje a más desocupados y menos debajo de la alfombra.

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La transparencia y rendición de cuentas no debieran ser una opción de todo funcionario público, sino una obligación en un sistema democrático. Para hacer efectiva esa garantía se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOF, 11 de junio de 2002), que dio nacimiento al IFAI, el cual entró en vigor al año siguiente.

En 2014 adquirió su actual denominación de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

En su verdadera trascendencia, este organismo surgió como una poderosa arma ciudadana contra la corrupción, el mayor cáncer de México de acuerdo con palabras del actual mandatario.

En el año 2022, según Transparencia Internacional, México se ubicó en el sitio 126 de las naciones más corruptas, de un total de 180 evaluadas.

La evolución del INAI no ha estado libre de escollos. La transparencia y rendición de cuentas no son algo natural a las autoridades. Desde su nacimiento el Instituto fue acotado en sus funciones de hacer efectivo el derecho a la información que garantiza el Artículo 6º. Constitucional, al permitir a los funcionarios reservar cierta información por motivos de “seguridad nacional”.

Al mismo tiempo el organismo se encontró limitado en su desempeño ante la simple negativa de los funcionarios mediante el recurso de “Inexistente”. Otro inconveniente para hacer efectivo el derecho mencionado fue la “burocratización” del proceso.

Como sea, no dejó de ser un avance importante. Con posteriores reformas, el Instituto quedó conformado como un ente autónomo, garante del cumplimiento de leyes tan importantes como la de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, así como de la relativa a los sujetos obligados (físicos o morales, aquellos que manejan fondos públicos).

Hasta diciembre de 2020 –desde su creación en 2003- el Instituto dio cauce a dos millones 236 mil solicitudes de información. Una de estas planteada por el actual mandatario, en 2017, para conocer lo relativo a las pensiones de los expresidentes a partir de lo cual determinó eliminarlas.

“La información es para conocer asuntos y tomar decisiones”, sostiene la Comisionada del INAI, Julieta del Río.

Hoy el INAI enfrenta el mayor embate en su corta vida. El presidente AMLO quiere desaparecerlo: “No sirve para nada”. La comisionada presidenta del Instituto, Blanca Lilia Ibarra, responde: “El ataque al INAI es un ataque a la democracia”.

La jueza Celia Quintero ordenó al Senado nombrar a los comisionados faltantes y le dio un plazo fulminante de 48 horas.

Sea como fuere, el INAI llegó para quedarse; si bien es perfectible, en la coyuntura actual de México no solo es necesario, sino indispensable.

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La insuficiencia de recursos presupuestales para la educación superior pública, sobre todo en la parte correspondiente a becas, mantiene a cientos de miles de estudiantes en la incertidumbre. La SEP dispuso un presupuesto recortado de 1,927 millones de pesos para el presente ciclo, 2022-23, solo para el Programa Elisa Acuña, establecido para apoyar en la manutención de estudiantes de nivel superior (de solo nueve instituciones, incluida la UNAM).

Para el presente año, el programa dispuso otorgar un monto de cinco mil 400 pesos por becario, para los tres primeros bimestres, equivalente a 900 pesos por mes. Como se puede ver es una cantidad modesta, pero para los beneficiarios es importante.

Ante los rumores de que se cancelaba el programa Elisa Acuña –el nombre honra a la maestra y periodista de la Revolución Mexicana-, grupos de estudiantes salieron a protestar para que las universidades tuvieran que publicar las convocatorias para el efecto (con menos beneficiarios).

El programa Elisa Acuña sufrió un recorte de 2,622 millones de pesos en el presupuesto de la SEP para el año 2023.

Valga aclarar que respecto del tema abunda información parcial, que dificulta lograr una visión panorámica sobre los alcances y complicaciones de este recurrente problema.

Como dato fundamental, en el presente ciclo se inscribieron al nivel superior más de cinco millones 111 mil alumnos, de un total nacional cercano a 35 millones de estudiantes (de todos los niveles y subsistemas).

Debe señalarse que las instituciones públicas y privadas mantienen una red de becas muy amplia y diversa, con recursos federales o propios; en la que participan grandes empresas e instituciones de asistencia privada. No obstante, es insuficiente.

La deserción estudiantil por falta de becas es una consecuencia que parece agravarse.

El regateo de apoyos a la educación superior pública y privada en México es un problema crónico, muy lamentable, pero se acentuó en la presente administración.

Este gobierno prometió apoyar a la educación superior y construir más universidades. Su plan lo concretó en un subsistema denominado Universidades del Bienestar Benito Juárez. El problema con este subsistema es que adolece de la calidad que demandan las circunstancias del país en el contexto global.

En México solo un 25% de los estudiantes logra ingreso a la educación superior; con todo, el país apenas alcanza un 32% de cobertura, contra muchas naciones que registran 50% o más.

Que, en nuestra sociedad, el público no lea ni compre libros, es un mal indicador; que el gobierno tampoco invierta lo necesario es peor síntoma. Que muchos jóvenes luchen por más y mejores becas, a pesar de todo, es una buena señal. Hay esperanza.

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“El periodismo en el mundo atraviesa por un momento de crisis, de supervivencia ética y económica, pero sobre todo de credibilidad, y por ende, de un real servicio social”, expresó Celeste Sáenz de Miera, Secretaria General del Club, en su discurso de bienvenida a los asistentes al evento de premiación.

De acuerdo con su planteamiento, “estamos ante escenarios inéditos donde las nuevas tecnologías al abrir la comunicación masiva y libre ofrecieron un pasaporte a nuevos monopolios de poder que intentan controlar las mentes y la vida misma de los ciudadanos”.

En México, por motivos de sobra conocidos, quienes ejercemos el quehacer profesional de la denuncia periodística, no la estamos pasando bien.

Por tales motivos, es preocupante que por parte de las iniciativas oficiales para proteger a las y los periodistas, existan hacia su interior todavía intereses ligados al pasado –puntualizó Sáenz de Miera-: “Tal es el caso de la FEADLE, que inexplicablemente cuenta con un fiscal transexenal, y quien a pesar de su muy poca eficiencia, permanece en el cargo”. Como dato para un balance de su trabajo, la FEADLE reporta que, desde su creación en 2010 hasta junio de 2022, “se ejerció acción penal en 308 ocasiones por delitos cometidos en contra de la libertad de expresión”.

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