En los pasillos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el secreto a voces entre trabajadores se ha convertido en un grito para que se abra una investigación. La gestión de Efrén Emmanuel Jarquín González enfrenta hoy el cuestionamiento más severo que puede recibir un funcionario público: la sospecha de haber convertido una institución vital en un “Club de Tobi” donde la lealtad de grupo pesa más que la eficiencia administrativa, en detrimento de la salud de la ciudadanía.

La idea de que las licitaciones y contratos se reparten “entre cuates” no es una acusación menor. Mientras desde la oficina central se presumen inversiones históricas y “muros burocráticos derribados”, la realidad en las clínicas y hospitales cuenta una historia distinta: un desabasto de insumos que en algunos puntos críticos ha llegado a reportarse en niveles alarmantes de apenas el 8%.

No es coincidencia que en los primeros meses de este 2026, las batas blancas salgan a protestar a las calles de la capital y el Istmo, no para exigir aumento salarial o privilegios, sino para reclamar lo mínimo indispensable para realizar su labor y salvar vidas.

EL CÍRCULO DE LOS ELEGIDOS

En 2025, según el Portal Nacional de Transparencia (PNT), la SSO habría invertido poco más $1,525 millones de pesos en licitaciones por diversos servicios, obras y/o adquisiciones, que presuntamente han sido entregadas a un círculo empresarial de confianza, que ha transformado el sistema de salud pública en una caja de ahorros para los amigos del poder, que contrasta con la pobreza histórica de esta entidad.

La “Primavera Oaxaqueña” en salud parece florecer solo para quienes están dentro de ese exclusivo club, no importando si la razón social es local o foránea.

Empresas como la chilanga SERPROSEP, de José Ángel Gómez Hernández y Óscar Humberto Bistrain Tenorio, que el año pasado firmó dos contratos -uno de ellos de manera conjunta con Máxima Guía- por un monto de $360 millones 391 mil 906.4 pesos para vigilar las instalaciones de la SSO. Cabe señalar que la empresa, con sede en la CDMX, también ha obtenido contratos en el IPN, en el AICM, en Salud Federal, DIF Nacional, Infonavit, Banobras, ISSSTE, pero el grueso de contratos lo ha obtenido en la CONAFE.

Otras firmas de este club son las oaxaqueñas: Uniforma T con 10, cuya cabeza Antonio Alejandro Vásquez Cruz -quien en 2023 era asesor en administrativo en el Congreso- que en dos contratos por uniformar al personal de la SSO se agenció un monto de $113 millones 103 mil 702.8 pesos; y Uniformes Shaper, propiedad del junior de ascendencia italiano Carlo Spada Tello y Omar Hernández Juárez, que igualmente en dos contratos se embolsó la suma de $95 millones 830 mil 565.88 pesos.

Más ejemplos: la empresa Telecomunicación y Equipos, del todopoderoso Tomás Guillermo Braniff Suinaga, que en dos contratos -venta de un equipo de resonancia magnética y un tomógrafo- se llevó las suma de $96 millones 462 mil 180.32 pesos; Limpieza & Mantenimiento Limi del Valle de Oaxaca -administrada por Alberto Rodríguez Zúñiga, quien también administra la empresa Promotora de Espectáculos y Representación Musical del Norte, que ha ganado múltiples contratos en Oaxaca- que por el servicio de limpieza en las unidades médicas se metió $187 millones 600 mil pesos.

Tan solo este club de empresas se agenció más de $853.3 millones de pesos en contratos, lo que representa el 55.95 por ciento de los más de $1,525 millones que la SSO invirtió el año pasado.

Si Efrén Jarquín aspira a que su administración sea recordada por algo más que por el “amiguismo”, debe abrir y transparentar los procesos de adjudicación. El sector salud no es un club social ni una agencia al servicio del mejor postor; es el último refugio de los oaxaqueños que no tienen nada más que su derecho a la vida.

Oaxaca ya no aguanta más “cuates” ni licitaciones dirigidas. Si el titular de los SSO no rompe con su “Club de Tobi”, el costo no lo pagará su carrera política, sino la salud de miles que siguen esperando que la justicia social llegue, por fin, a las clínicas del estado.

El cargo El ‘Club de Tobi’ de Efrén Jarquín en Salud Oaxaca: ¿Licitaciones entre cuates? apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

Este lunes se daría el fallo de la licitación EA-913003989-N879-2025, convocada por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo, para el arrendamiento de 80 autobuses para los próximos 2 años que serán integrados a la flotilla del Tuzobús a partir del próximo año 2026, que de acuerdo a denuncias estaría direccionada presuntamente a la empresa Rommify Capital SA de CV, constituida el año 2020, pero que desde el 2022 tiene como socio o accionista principal a Juan Carlos Martínez Domínguez, uno de los personajes más oscuros que se ha mantenido vigente como proveedor desde los sexenios priistas de Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses, pese a que presentó la oferta más cara con $662,421,775.24 pesos.

Según documentos oficiales, Rommify Capital SA de CV fue constituida el 02 de octubre 2020 ante la fe de la Notaria Pública No. 21, María del Consuelo García Curiel, de Pachuca, siendo los socios originales la persona física Luis Ricardo Guinea Prado, y el otro socio es la razón social Green Movi SA de CV, una empresa que fue ampliamente beneficiada con contratos por más de 250 millones de pesos en la administración de Fayad Meneses.

Meses antes de la toma de posesión del morenista Julio Menchaca Salazar, como Gobernador de Hidalgo, registros de la Rommify Capital señalan que el 25 de mayo 2022, ingresó a la empresa como socio Juan Carlos Martínez Domínguez, quien tomó un total de 150 acciones, dejando a Guinea Prado, con 40; y a Green Movi, con solo 10 acciones de participación.

Martínez Domínguez, quien también aparece como socio en una red de empresas que han sido ampliamente beneficiadas con contratos en las administraciones anteriores, entre ellas: CELMILENIUM SA de CV,  Holy Cheese Food México SA de CV, Hermes Games SA de CV, Fibra OPCE SA de CV, Financiera Milenium SA de CV SOFOM ENR y Aero Servicios Ejecutivos RM SA de CV, entre otras, ha sido señalado e investigado por diversos medios locales por la venta a sobreprecio de tabletas electrónicas al gobierno de Hidalgo. Una de sus empresas vendió 15 mil tabletas electrónicas por 87 millones de pesos, pero una investigación de la UIF reveló que los aparatos tenían un costo real de casi 36 millones de pesos.

El empresario, también fue uno de los señalados en el esquema conocido como la “Estafa Siniestra”, que destapó Santiago Nieto cuando ocupó la FGE de Hidalgo, que implicó la simulación de contratos y servicios con empresas fantasma para desviar dinero del presupuesto público. Los fondos, que ascendían a más de 520 millones de pesos, que estaban destinados originalmente a obras públicas, salud y otros servicios esenciales.

LICITACIÓN A MODO

A mediados de 2025 el Gobierno de Hidalgo anunció la compra de 42 unidades; sin embargo, posteriormente, el esquema cambió a un arrendamiento de 80 autobuses, sin que se haya hecho público un estudio costo-beneficio del cambio, ni un dictamen técnico, ni el impacto presupuestal multianual.

Pese a ello, la convocatoria para Licitación Pública Nacional EA-913003989-N879-2025, fue publicada el pasado 27 de noviembre de 2025 por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo para el arrendamiento de 80 autobuses: 42 de 80 pasajeros, y 38, de 50 pasajeros, que se sumaran a la flotilla del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH).

Durante las juntas de aclaraciones, empresas como Integra Arrenda y Forza Arrendadora Automotriz documentaron una serie de ‘candados’ para beneficiar a uno de los concursantes, dado que por el tiempo de entrega originalmente pactados en la convocatoria, que señalaba  que los 38 vehículos de 50 pasajeros, se deberían entregar a más tardar el 30 de enero del 2026, y el arrendamiento tendría una duración de 26 meses a partir del 01 de febrero del 2026 al 31 de marzo del 2028; mientras que los otros 42 vehículos de 80 pasajeros, se deberían  entregar a más tardar el 31 de marzo del 2026 y el arrendamiento tendría una duración de 24 meses a partir del 01 de abril del 2026 al 31 de marzo del 2028.

Sin embargo, tras la junta, la convocante modificó los plazos para las entregas: los 42 autobuses de 80 pasajeros será para el 31 de marzo de 2026 con un arrendamiento entre el 01 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028 (24 meses); mientras que los otros 38 autobuses de 50 pasajeros la entrega sería para el 30 de abril de 2026, siendo el arrendamiento entre el 01 de mayo de 2026 al 31 de julio de 2028 (26 meses).

Aun así, los participantes ven casi imposible que se pueda cumplir en tiempo y forma con la entrega de las unidades en los nuevos plazos acordados, a no ser que uno de los concursantes, como Rommify Capital, haya contado con antelación con ‘información privilegiada’.

Lo más extraño, denuncian empresas, es que Rommify Capital, en su giro no incluye ni la comercialización ni arrendamiento de unidades de transporte de estas dimensiones, lo más cercano o parecido se acordó en una modificación al objeto social realizado en 2022, donde se especifica lo siguiente: “El comercio al por menor de automóviles y camionetas usados”, en ninguna parte de su objeto social ni en las modificaciones, señala un rubro sobre el servicio requerido en la licitación EA-913003989-N879-2025.

Según el calendario de la licitación, el pasado 8 de diciembre, en una junta de aclaraciones exprés, pues solo duró 25 minutos, se hicieron cambios relevantes a la convocatoria: Ampliación de plazos de entrega, ajuste de dimensiones técnicas de los autobuses, exigencia de una sola carrocería y marca para ambos tipos de unidades y la exigencia de certificación EURO VI o EPA 24.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Según la apertura de propuestas, las empresas participantes son: Jetvan Car Rental SA de CV, de Cuauhtémoc Velázquez García, que uno de los proveedores más recurrente de los tres niveles de gobierno, con antecedentes de controversias públicas y según el expediente SANC-0001/2020 sufrió una inhabilitación de un año por irregularidades en la ejecución de contratos.

La empresa Jetvan Car Rental ofertó por el arrendamiento de las 80 unidades un monto de $431,976,805.17 pesos; cabe señalar que Forza Arrendadora Automotriz, SA de CV, una de las que se ha quejado de las irregularidades en la presente licitación, ha compartido representante legal con Jetvan en la persona de César Gerardo Matamoros Vargas, lo que habla de una estrecha relación de negocios entre ambas razones sociales.

La otra empresa es Arrendadora de Muebles e Inmuebles SA de CV, empresa fundada en Playa del Carmen, Quintana Roo, que recientemente ha obtenido contratos en alcaldías de la Ciudad de México para el arrendamiento de camiones y patrullas, pero que no se le conoce socios ni otros antecedentes. La empresa ofertó por los servicios $625,914,760.91 pesos.

La otra propuesta fue presentada por la citada Rommify Capital SA de CV, empresa hidalguense con domicilio en Zona Plateada, Pachuca de Soto, y que tiene un amplio historial de contratos recientes en Hidalgo con Oficialía Mayor, DIF estatal, STCH y municipios.

Recientemente firmó el contrato PMMR-SA-026-FORTAMUN-2025, 2 de julio de 2025, para el arrendamiento de patrullas en el municipio de Mineral de la Reforma por un monto de $13,777,737.60 pesos; en el DIF Estatal obtuvo el contrato DIF/DAJ/0120/2025, enero de 2025, para el arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 2025-2026 por un monto de $26,352,339.78 pesos; el contrato 034/2025, del 7 de abril 2025, para el arrendamiento 58 camionetas pick up, modelo 2025, por un monto de $23,100,184.32 pesos; el contrato 033/2025, firmado el mismo 7 de abril para el arrendamiento de vehículos por un monto de $12,550,692.38 pesos.

El año pasado obtuvo el contrato 102/2024 para arrendar 175 vehículos por un monto de  $155,754,234.72 pesos; en 2023, firmó el contrato 421/2023, por un monto de $49,012,320 pesos. En total suma contratos por más de 300 millones de pesos en la actual administración hidalguense.

ESTE LUNES EL FALLO

La propuesta de Rommify Capital para el arrendamiento de los 80 autobuses es la más alta económicamente: $662,421,775.24 pesos, superando por más de 230 millones de pesos a la oferta más baja.

El fallo para adjudicar los servicios, cuya responsabilidad pesa sobre los funcionarios Edgar Orlando Ángeles Pérez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo; Humberto Cabrera Román, director del SITMAH; y Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad del Estado de Hidalgo, está programado para este lunes a las 11:00 horas.

El cargo Amañan licitación para el Tuzobús-Hidalgo apareció primero en La Chispa de Oaxaca.