En el actual sexenio, la mayoría de los contratos se relacionan con proyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacan la asesoría financiera para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, obras gestionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le han reportado ingresos por más de 40.2 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con una investigación publicada por EL CEO y pese a que en 2019 enfrentó inhabilitaciones y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), respectivamente, la empresa siguió captando contratos gubernamentales.

Por otra parte, en 2024, Altor incursionó en el sector bursátil con su propia casa de bolsa, la única aprobada en este sexenio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), la firma logró captar 2,500 millones de pesos para financiar infraestructura gubernamental.

Altor ha participado también en la reestructuración de deuda en ocho entidades federativas, incluyendo Jalisco, Oaxaca y el Estado de México, acumulando pagos por más de 134.8 millones de pesos.

El posicionamiento de la firma conformada por exfuncionarios y empresarios como Marcela Andrade Martínez, extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP en el gobierno de Peña Nieto, y Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño con nexos cercanos al círculo del ex presidente López Obrador, como un nuevo actor de peso en el sistema financiero mexicano, ha sido cuestionado.

Lo anterior al replicar el modelo de asesoría gubernamental que en décadas anteriores impulsaron firmas como Protego y Evercore, ahora su influencia, no se limita solo a la administración pública, sino también en el sector financiero privado.

El cargo Altor, de consultora sancionada a firma clave en la administración morenista apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

Pequeños contratistas denunciarían a ICA por adeudos millonarios 

Detrás de su fachada de gigante de la infraestructura, la empresa que dirige Guadalupe Phillips Margain enfrenta acusaciones de prácticas financieras cuestionables, que hoy afectan a más de 500 familias. Las denuncias, que han llegado hasta la conferencia matutina presidencial, apuntan a que al menos siete empresas tienen pagos pendientes por más de 136 millones de pesos.

Los reclamos provienen de Infraestructura GS, Toposervis y Mezclas Asfálticas y Caminos, que recientemente se sumaron a las demandas previamente interpuestas por KYPCON Ingenieros Civiles, Construcciones Peñascos, ICAPSA Infraestructura de Desarrollo y el empresario Marco Antonio Valdez Gutiérrez. Estos proveedores conforman el grupo “Empresarios Afectados por ICA y sus Filiales”, que busca justicia por los impagos que han puesto en crisis a múltiples compañías.

A lo largo de los años, ICA ha sido una de las principales beneficiadas con contratos de infraestructura pública, con más de 8 mil millones de pesos en proyectos asignados. Sin embargo, su modelo de subcontratación ha generado graves consecuencias económicas para las empresas más pequeñas.

“Modus operandi” de ICA

El abogado Jaime Argueta Cid, representante de los proveedores afectados, ha advertido a través de diversos medios que ICA parece operar bajo un “modus operandi” sistemático: subcontrata a pequeñas y medianas empresas con la promesa de contratos sólidos y pagos seguros, pero con el tiempo los adeudos crecen hasta ahogar financieramente a los proveedores. Muchas de estas compañías, confiadas en los acuerdos firmados con la constructora, adquirieron financiamientos para cumplir con sus compromisos, pero hoy se encuentran atrapadas en un callejón sin salida, sin ingresos y con deudas que siguen acumulándose.

Este modelo de operación no solo impacta a las empresas, sino que ha dejado sin empleo a cientos de trabajadores, ya que muchas subcontratistas no han podido cubrir nóminas, prestaciones, finiquitos ni liquidaciones. La crisis se ha agudizado con demandas laborales que ahora enfrentan algunas de estas compañías, que además de no recibir el dinero que ICA les debe, ahora deben responder a litigios iniciados por sus propios empleados.

Temor a represalias

A pesar de la magnitud del problema, varias empresas han optado por no denunciar por temor a represalias. Según Argueta Cid, hay proveedores con montos pendientes de entre uno y tres millones de pesos que han decidido mantenerse en silencio ante el miedo de quedar vetados en futuras contrataciones o sufrir represalias que comprometan su permanencia en el sector.

El silencio de ICA ante estos señalamientos añade un tono aún más inquietante a la situación. La empresa no ha emitido una postura oficial sobre los adeudos, lo que ha generado incertidumbre entre los proveedores y ha reforzado la percepción de que los impagos no son simples retrasos administrativos, sino una estrategia para postergar indefinidamente sus obligaciones financieras.

Pequeños contratistas denunciarían a ICA y preparan nuevas acciones

Mientras tanto, los afectados han comenzado a preparar nuevas acciones para presionar a ICA y al gobierno federal.  Tampoco descartan acciones de protesta en la Ciudad de México para visibilizar el problema y exigir soluciones. La pregunta que sigue en el aire es clara: ¿hasta cuándo ICA podrá seguir operando de esta manera sin consecuencias?

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Deuda millonaria de Pemex: impacto en el empleo

El recorte de personal, derivado del creciente pasivo de la petrolera, ha afectado principalmente a los estados de Tabasco y Campeche. De acuerdo con el oficio DCAS-SCH-CDHO-SRIDHSE-1655-2024, firmado en diciembre de 2024 por Víctor Hugo Hoyos Mendoza, subgerente Regional de Integración y Desarrollo Humano Sureste, la situación es crítica.

Afectaciones en Tabasco y Campeche

En Tabasco, se eliminarán 466 plazas, de las cuales 323 corresponden a la región de Comalcalco en el área de PEP. En Ciudad del Carmen, Campeche, se perderán 215 plazas, 193 de ellas relacionadas con actividades de perforación.

Además, el impacto no se limita a estas áreas, ya que otras divisiones de PEP, PLOG y PC también sufrirán reducciones significativas. Las plazas temporales de la Refinería (SPI) aún no están contempladas en este recorte. Sin embargo, se anticipan más ajustes en Pemex Refinación en los próximos días.

El impago de la deuda de Pemex con proveedores y contratistas, que asciende a 20 mil 500 millones de dólares al cierre del último trimestre de 2024, ha llevado a manifestaciones de empresarios y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tabasco, Ciudad de México y Campeche, quienes exigen el pago de sus adeudos.

Ante la creciente presión social y empresarial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado un plan para cubrir la totalidad de la deuda millonaria de Pemex. Buscando con ello evitar mayores afectaciones a la industria petrolera y mitigar el impacto en la economía de los estados afectados.

Consecuencias de la deuda millonaria de Pemex

El panorama financiero de Pemex sigue siendo un desafío constante para la administración federal. La combinación de una deuda creciente, la disminución de la producción y los recortes de personal plantea un futuro incierto para la empresa estatal y el país.

Expertos sugieren que para enfrentar la crisis es necesario:

• Implementar estrategias de refinanciamiento efectivas.
• Incrementar la eficiencia operativa en todas las áreas de la empresa.
• Establecer acuerdos con proveedores para garantizar el cumplimiento de pagos.

La situación actual de la deuda millonaria de Pemex representa un reto significativo para la economía nacional. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de la empresa y su papel en la industria energética global.

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