(Agencias).- El presunto quebranto por más de 417 millones de pesos detectado en la administración del exalcalde de Cuautitlán, Aldo Ledezma, escaló este viernes hasta Palacio Nacional. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) intervenga en casos de este tipo cuando existan elementos que acrediten un desfalco de recursos públicos, colocando el expediente bajo un reflector nacional.

Las auditorías realizadas por el gobierno municipal encabezado por Juanita Carrillo Luna revelaron observaciones por más de 417 millones de pesos. De ese monto, 147 millones corresponden a auditorías internas en áreas como obra pública, adquisiciones y manejo financiero, mientras que otros 270 millones fueron señalados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

La actual administración inició 42 procedimientos administrativos, dos investigaciones por presuntas faltas graves y presentó 12 denuncias penales contra diversos exfuncionarios, entre ellos integrantes del gobierno de Ledezma. La declaración de Sheinbaum agrega una nueva dimensión al caso: además de las responsabilidades administrativas y penales que ya siguen las autoridades estatales, abre la puerta a que también pueda revisarse la ruta financiera de los recursos observados.

La eventual participación de la UIF representaría un paso adicional para determinar si existieron operaciones encaminadas a ocultar, transferir o desviar dinero público. El expediente de Cuautitlán ha dejado de ser únicamente un asunto municipal y ahora se convierte en una prueba para las instituciones encargadas de la fiscalización, la procuración de justicia y, eventualmente, para las instancias de inteligencia financiera.

La expectativa ciudadana es clara: que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y que, si se confirma un daño al patrimonio público, los responsables enfrenten sanciones ejemplares y los recursos puedan recuperarse. El caso Cuautitlán ya no se limita a un municipio mexiquense: se ha convertido en un tema de interés nacional que pone a prueba la capacidad del Estado para combatir la corrupción.

El cargo Cuautitlán enfrenta denuncias penales por millonario desfalco público apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

En medio de tensiones políticas entre Morena y el Partido del Trabajo (PT), el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, Juan Carlos García Márquez, denunció desfalco superior a diez millones de pesos, durante las gestiones de los exalcaldes Dante Montaño Montero (PT) y Raúl Cruz González (PRI).

Detalles de la deuda de ex acaldes

García Márquez señaló que el adeudo corresponde al Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido y no entregado al SAT durante las administraciones anteriores:

• 6 millones de pesos durante la gestión de Raúl Cruz González (PRI).
• El resto, atribuido a la administración de Montaño Montero (PT).

Con multas y recargos, la deuda asciende a aproximadamente 10 millones de pesos, monto que supera los 18 millones asignados este año para obras y servicios en el municipio.

Acuerdo con el SAT y acciones legales

El edil morenista informó que se propuso un convenio con el SAT para cubrir el 30% del adeudo, mientras que el 70% restante se gestionaría con apoyo del gobierno estatal.

Además, se notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de recursos federales destinados a obras públicas.

García Márquez no descartó la participación de exintegrantes de cabildos previos y exigió que Dante Montaño, actual diputado plurinominal, pida licencia para aclarar su situación.

Impacto en el municipio

El presidente municipal advirtió que el pago de esta deuda afectará obras y servicios en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, municipio que ya enfrenta problemas como:

• Crisis de basura.
• Inseguridad.
• Escasez de agua.
• Deficiente infraestructura vial.

Antecedentes

La administración actual tardó tres años en formalizar la denuncia. En enero de 2022, se levantó un acta contra Montaño Montero por eludir la entrega-recepción al nuevo gobierno.

Mientras el caso avanza en lo legal, el ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, busca saldar la deuda, aunque insiste en que los responsables deben asumir consecuencias y pagar por el desfalco que sufrió el municipio.

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