El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de asumir la investigación del asesinato de Héctor Cuen, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador del Partido Sinaloense. Esta intervención se produce en medio de una creciente confusión sobre las circunstancias exactas de su muerte, las cuales han sido objeto de versiones contradictorias desde el principio.

El presidente subrayó la importancia de que la FGR haya tomado el caso debido a las inconsistencias que han surgido, señalando que las primeras versiones indicaban que Cuen fue ejecutado en una gasolinera, pero nuevas declaraciones sugieren que el asesinato pudo haber ocurrido en un lugar diferente. López Obrador enfatizó que se debe llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

“Queremos que se haga una investigación a fondo, seria, y que se informe de todo”, insistió el mandatario, destacando la necesidad de transparencia en este caso, que ha capturado la atención pública debido a su complejidad y las figuras involucradas.

Investigación Federal sobre el Asesinato de Héctor Cuén, Destapa Inconsistencias: AMLO

Además, López Obrador reafirmó su respaldo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, según el presidente, podría no haber estado al tanto de los detalles del incidente, recordando que Rocha Moya no se encontraba en el país cuando ocurrió el asesinato. “Es importante que se aclare todo esto”, concluyó López Obrador, refiriéndose a las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, quien también ha contribuido a las versiones sobre el lugar y las circunstancias del asesinato.

A medida que la FGR profundiza en la investigación, se espera que las inconsistencias que rodean este caso se resuelvan, arrojando luz sobre los verdaderos eventos que llevaron a la muerte de Héctor Cuen, y proporcionando un cierre a lo que se ha convertido en un caso emblemático en Sinaloa.

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La petición de Gálvez cobró fuerza luego de que se divulgara una carta enviada al periódico Los Angeles Times, en la que “El Mayo” Zambada, a través de su abogado, relata que fue secuestrado en México mientras se dirigía a una reunión con Rocha Moya, el diputado electo Héctor Melesio Cuén, e Iván Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En su declaración, Zambada afirma que fue privado de su libertad tras ser convocado a mediar en disputas políticas entre Rocha Moya y Melesio Cuén, ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien fue asesinado el mismo día que supuestamente debía celebrarse la reunión.

Xóchitl Gálvez Exige Investigación Contra Gobernador de Sinaloa por Presuntos Vínculos con “El Mayo” Zambada

Durante un mitin realizado frente al Instituto Nacional Electoral (INE), Gálvez arremetió contra la aparente inacción de las autoridades federales ante estas serias acusaciones. Señaló un trato desigual por parte del gobierno, insinuando que si el gobernador en cuestión perteneciera a la oposición, el presidente ya habría ordenado su captura. “Es inconcebible que estas acusaciones no estén siendo investigadas con la urgencia que merecen”, declaró Gálvez ante una multitud de simpatizantes.

La relevancia de estas acusaciones se intensificó con la intervención del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien confirmó que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se entregó voluntariamente, mientras que Zambada fue trasladado a Estados Unidos en contra de su voluntad. Estas declaraciones han generado un intenso debate sobre la posible colusión entre figuras políticas y el crimen organizado.

La carta del abogado de Zambada también ha suscitado especulaciones sobre el alcance de las relaciones entre el gobierno estatal y el Cártel de Sinaloa, especialmente en un contexto donde la violencia y la influencia del narcotráfico continúan siendo temas críticos en la región. Según la carta, la captura de Zambada se produjo tras acudir a la reunión en la que, supuestamente, se discutiría un conflicto entre Rocha Moya y Melesio Cuén, quien fue asesinado poco después.

Este escándalo ha puesto en el ojo del huracán a Rocha Moya y ha encendido las alarmas sobre la posible penetración del crimen organizado en las estructuras políticas del país. La respuesta de la FGR ante la solicitud de Gálvez será determinante para esclarecer las acusaciones y determinar si efectivamente existen vínculos entre el gobernador sinaloense y uno de los capos más poderosos de México.

La oposición y la ciudadanía estarán atentos a los próximos pasos de la fiscalía, que podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad y la corrupción en México.

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