La trágica muerte de la adolescente de 13 años, Dafne Zapata Quintos Martínez, el pasado 16 de julio durante un campamento de verano en la “Academia Militarizada Marina Doenitz” en Ciudad Madero, Tamaulipas, ha destapado una alarmante realidad en México: la proliferación de planteles, academias y cursos particulares que operan bajo una supuesta doctrina castrense, aprovechándose de un vacío legal y de una ambigüedad institucional donde ninguna autoridad parece querer asumir la responsabilidad de su vigilancia.

Porque mientras en Estados Unidos “Culver Summer Schools & Camps” en Indiana ó “Camden Military Academy Summer Programs” de Carolina del Sur, son regulados por ministerios de educación o de defensa; en México se echan la bolita y nadie supo, sabe o sabrá el esquema de validez y funcionalidad de escuelas o cursos de este tipo en nuestro país.

La muerte de Dafne, una niña de 13 años, durante éste campamento de verano activó una serie de deslindes institucionales: La Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, emitió comunicados para aclarar que no existe un marco normativo o criterio que autorice servicios educativos de nivel básico bajo denominaciones como “militarizada” o “castrense”.

Por su parte, la Secretaría de la Defensa reiteró que carece de atribuciones y facultades para supervisar, regular o avalar estos planteles de carácter civil, los cuales operan usualmente mediante un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) genérico otorgado a nivel estatal o federal, sin que este documento certifique las dinámicas de un campamento o internado.

Incluso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, intervino en su conferencia de prensa matutina del viernes, señalando que la responsabilidad de investigar y auditar la operatividad de estos centros recae exclusivamente en los gobiernos estatales.

Este cruce de deslindes revela una contradicción estructural profunda: si la SEP prohíbe formalmente estas modalidades y la SEDENA no tiene facultades sobre planteles civiles, ¿Cómo es posible que la Academia Marina Doenitz haya operado comercialmente durante décadas utilizando insignias, uniformes similares a los de la Marina y un esquema de adiestramiento físico extremo?

La respuesta reside en la opacidad burocrática. Muchas de estas academias obtienen registros comerciales o permisos locales genéricos como “guarderías”, “clubes deportivos” o “centros de regularización” ante los municipios o las secretarías estatales, lo que les permite evadir los estrictos filtros de los RVOE de la SEP y si le agregamos la falta de una fiscalización interesecretarial, encontramos el hecho de que particulares sin capacitación militar real, o incluso impostores que simulan mandos castrenses, vendan supuestos programas que “forjan carácter” y disciplina a familias que buscan legítimamente alejar a sus hijos de entornos de ocio, drogadicción o violencia.

Bajo la fachada de una disciplina rigurosa, se esconden frecuentemente dinámicas abusivas que llegan a la ilegalidad. Tras la muerte de Dafne, exalumnos y padres de familia rompieron el silencio denunciando que en dicho centro se aplicaban novatadas, castigos inhumanos y adiestramientos físicos excesivos incompatibles con la salud física y psicológica de los menores de edad. Ello evidencia que, al no existir un marco normativo claro, la delgada línea entre la disciplina formativa y la tortura o el maltrato físico queda sujeta al arbitrio de los directivos del plantel.

Los dicho: Las dependencias educativas y militares se apresuraron a deslindarse, dejando al descubierto un limbo regulatorio que pone en riesgo la vida de los menores de edad, mientras el dictamen forense califica el deceso como un homicidio bajo causa de “asfixia por sumersión” y la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas lo investiga bajo el protocolo de feminicidio,

La detención del director de la academia, Jorge Luis “N”, y de otras dos colaboradoras presuntamente implicadas, es sin duda, un avance hacia la justicia punitiva en el caso particular de la menor. Sin embargo, la justicia estructural exige transformaciones urgentes a nivel legal e institucional, para que no sucedan más casos como el de Dafne.

La tragedia en ésta “pseudoacademia militarizada” de Ciudad Madero, expone un vacío regulatorio alarmante y la ambigua fiscalización de planteles con instrucción castrense por parte del Estado. La propuesta ya ha sido pública y se trata de crear una “Ley Dafne”, impulsada por la madre de la víctima, Alejandra Quintos, que busca tipificar y prohibir las novatadas, regular estrictamente los campamentos de verano y erradicar cualquier manifestación de violencia institucionalizada. Porque no es posible que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional hayan evadido responsabilidades directas al desvincularse de “academias” privadas.

Y es que, el proceso penal contra individuos concretos no resuelve la omisión estructural del Estado. La tragedia obliga a una revisión profunda del Poder Legislativo y de las secretarías estatales para erradicar o fiscalizar con rigor absoluto a cualquier academia que utilice la fachada militar sin controles estrictos de salvaguarda para la niñez y la juventud de México.

Porque mientras las autoridades continúen eludiendo su responsabilidad fiscalizadora mediante tecnicismos legales, la integridad y la vida de miles de niños y adolescentes que asisten a estos cursos seguirán desprotegidas ante la impunidad de quienes confunden la disciplina con la violencia. ¡Y eso no debe suceder!

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ El ‘Caso Dafne’ descubre vacíos de Ley apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

Todo por servir se acaba y acaba por no servir… Así está la cadena de generación de electricidad en México: Agotada, rebasada, insuficiente… Los constantes apagones a lo largo y ancho de México revelan una crisis profunda, impulsada por la obsolescencia de la red de transmisión, la negativa oficial a reconocer fallas sistémicas y la incapacidad de la infraestructura para soportar las olas de calor y la demanda industrial actual.

Grandes tramos del tendido eléctrico, subestaciones y transformadores arrastran un rezago histórico de modernización, aunado al crecimiento acelerado de la demanda debido a la expansión industrial, sumado al uso masivo y simultáneo de equipos de refrigeración y aire acondicionado durante las ondas de calor; lo que actúa como una prueba de estrés permanente para una red que no ha recibido el mantenimiento preventivo ni las inversiones masivas requeridas con urgencia.

El impacto de esta fragilidad energética golpea con mayor dureza a los pequeños negocios, desde neverías, hasta restaurantes, pasando por talleres y comercios locales, que pierden mercancías y enfrentan daños irreversibles en sus aparatos de trabajo ante las constantes variaciones de voltaje. Estamos hablando de pérdidas que van desde los 2 mil hasta los 40 mil pesos por evento en pequeños comercios, mientras que en la industria mediana y grande, el costo por hora de inactividad llega a alcanzar hasta 1.5 millones de pesos.

En las comunidades rurales y pueblos apartados, un apagón no solo apaga focos: Interrumpe el bombeo de agua potable, vulnera la cadena de frío para medicamentos y paraliza las comunicaciones básicas. Minimizar las fallas bajo argumentos burocráticos o discursos de suficiencia teórica frena la adopción de soluciones reales. A lo largo y ancho de la República Mexicana, el parpadeo de luminarias y la súbita oscuridad de vecindarios enteros han dejado de ser incidentes fortuitos para convertirse en la cruda postal de un verano desafiante.

Lo mismo ciudades industriales, que metrópolis bulliciosas y comunidades rurales, padecen interrupciones que van desde las pocas horas hasta días enteros. Sin embargo, la respuesta institucional cuatroteista, emblematizada por las constantes negativas de la CFE al descartar una crisis generalizada del sistema, choca de frente con la realidad que registran los termómetros, las interrupciones de suministro y directamente los bolsillos de los mexicanos.

México requiere con urgencia despolitizar la planeación energética, transparentar el estado real de sus redes y abrir espacio a esquemas de inversión y diversificación que garanticen la resiliencia del suministro eléctrico en todo el territorio nacional. Porque ya se perdió todo un sexenio con negativas a recibir inversiones en el sector de generación de energía eléctrica para nuestro país.

Pero haya sido como haya sido: El debate semántico entre si se trata de “apagones”, “interrupciones focalizadas” o “labores de mantenimiento” no se puede ocultar o negar la fragilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Y es que, el presupuesto público ha resultado insuficiente para cubrir la velocidad con la que crece el país; además de que se han puesto trabas a la inversión privada en energías limpias, tanto eólica como solar.

Así que mientras los discursos oficiales pregonan la soberanía energética como un dogma publicitario incuestionable, en el territorio nacional la realidad nos rebasa y exige una inyección masiva de recursos transparentes, así como una apertura real a la modernización tecnológica. Si México pretende transitar hacia una economía competitiva y garantizar el bienestar elemental de sus pueblos, la política energética tendrá que dejar de administrar culpas y comenzar a iluminar el futuro con planeación, descentralización y, sobre todo, verdad técnica.

Los constantes apagones en México revelan una crisis estructural profunda causada por el envejecimiento de la red eléctrica, la falta de inversión en transmisión y una demanda rebasada por el calor extremo, toda vez que las olas de calor obligan a millones de personas a encender aires acondicionados al mismo tiempo, llevando al sistema a su límite de reserva operativa.

Más de la mitad de la electricidad en México se genera quemando gas natural, y la gran mayoría se compra a Texas. Cualquier tormenta invernal o conflicto en Estados Unidos que congele los ductos o suba los precios deja a México sin combustible para sus plantas. Y es que, la CFE depende de termoeléctricas e hidroeléctricas antiguas, muchas de ellas sufren fallas técnicas imprevistas o, en el caso de las presas, se quedan sin agua suficiente debido a las sequías prolongadas, reduciendo la generación disponible.

Como lo mencioné antes, hay trabas para la inversión privada, particularmente desde la llegada de la 4T al poder en el año 2018. Ya que no podemos olvidar que la ley actual obliga a que solamente el Estado, a través de la CFE sea la instancia que invierta en las redes de transmisión. Y hay que decirlo clara y directamente: El presupuesto público es insuficiente para cubrir la velocidad con la que crece el país.

El personal de CFE merece reconocimiento nacional por su heroísmo cotidiano… Ya que son verdaderos héroes, quienes hacen milagros ante un cableado y subestaciones locales que, como ya lo dije, envejecieron y al aumentar la demanda, estos equipos se sobrecalientan y explotan, provocando cortes locales inmediatos. De norte a sur, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Querétaro, Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Ciudad de México, han sido los puntos más afectados por esta crisis eléctrica.

Lejos, muy lejos estamos de aquel eslogan “aspiracionista” de la CFE: “Una Empresa de Clase Mundial”… Hoy, con la mitad del país a oscuras, nos queda claro que el uso gasta, y el abuso acaba… Y hoy la Comisión Federal de Electricidad está agonizando.

*Periodista/Tlaxcala

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El empresario Miguel Alemán Magnani permanece en Francia desde 2021, donde reside y enfrenta un proceso penal a distancia debido a una orden de aprehensión vigente en México por presunta defraudación fiscal. Su estatus legal está marcado por la protección que le otorga su nacionalidad francesa y ahora se ha desatado una nueva batalla legal en la Suprema Corte, que hoy le contaré aquí en “Focus Group”.

El exdirectivo de Interjet cuenta con nacionalidad francesa por la vía materna, recordemos que su madre es la ex-Miss Universo, Christiane Martel. Al contar con nacionalidad francesa, las leyes de la tierra de Mbappé prohíben la extradición de sus propios ciudadanos, y a ello se debe que el empresario no ha podido ser detenido ni trasladado a México.

Así que, mientras penalmente se encuentra protegido por las leyes de Francia, civil y fiscalmente sus cuentas y bienes en México siguen bajo el asedio de las autoridades federales, ahora mediante la Suprema Corte; le hablo del mismo Miguel Alemán Magnani, ex apoderado legal de la línea “Interjet”, hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco y nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés.

Déjeme contarle que la evasión sistemática de impuestos, el abandono laboral de miles de trabajadores y el incumplimiento con proveedores y pasajeros llevó al colapso de “ABC Aerolíneas”, comercialmente conocida como “Interjet”, lo que constituye mucho más que una simple quiebra. Ya que Miguel Alemán Magnani, apenas el pasado 8 de julio cumplió cinco años prófugo de la justicia mexicana e incluso ya cuenta con ficha roja de parte de Interpol para ser capturado en 190 países.

La semana anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó reabrir uno de sus casos y revisar un crédito fiscal por $689.3 millones de pesos contra los exdirectivos de Interjet, Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani.

Porque durante los ejercicios fiscales de 2018 y 2019, mientras “Interjet” aún operaba, retuvo millones de pesos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de sus trabajadores y pasajeros. Estos montos, que por ley pertenecen al erario federal, nunca fueron enterados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En lugar de cumplir con sus obligaciones tributarias y laborales, la administración encabezada por la familia Alemán optó por la descapitalización, llevando a la empresa a una huelga en enero de 2021 y a su posterior declaratoria de quiebra y remate de bienes en 2023. Ante el adeudo histórico, el SAT fincó una responsabilidad solidaria a Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, en su calidad de presidente y vicepresidente de la compañía.

Sin embargo, en 2024, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló de forma lisa y llana el crédito fiscal, bajo el argumento de que la ley vigente en ese momento no permitía hacer responsables a los directivos de manera directa por las deudas tributarias de la empresa.

Esta resolución del TFJA sentó un peligroso precedente, sugiriendo que la “magia” de la personalidad jurídica de las sociedades anónimas podía servir como un blindaje total para los accionistas y directores, incluso cuando se tratara de impuestos federales retenidos de manera indebida. Por ello, la SCJN atrajo los recursos de revisión fiscal promovidos por el SAT con el objetivo de replantear los alcances del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación.

Por esto y más, el fallo que dicte el Pleno de la Suprema Corte no solo decidirá el destino de los $689.3 millones de pesos en disputa, sino que servirá como un dique legal para frenar prácticas de evasión similares en otros grandes corporativos del país. Frente a los delitos de cuello blanco y la defraudación fiscal, se estaría sentando un precedente o lo que jurídicamente se conoce como “sentar jurisprudencia”.

La intervención de la SCJN es vital para asegurar que las leyes fiscales mexicanas cuenten con los dientes suficientes para castigar a quienes, escudados en sus cargos corporativos, desvían los impuestos mientras dejan a su paso una estela de daños económicos y sociales. Porque la deuda de “Los Alemán” con el SAT no es solamente por los 66 millones del caso que reabrirá la Corte, sino que el monto de la defraudación fiscal por parte de “Interjet” superaría los 3 mil millones de pesos.

La Suprema Corte mandaría un mensaje claro al empresariado mexicano de que las obligaciones tributarias retenidas no son negociables ni pueden ser absorbidas por la insolvencia ficticia de la razón social. Y dicha resolución también acabaría con lo que queda del linaje Alemán, que lleva 5 años de desprestigio total, porque Miguel Alemán Magnani es el único miembro de la familia con cargos penales activos y una orden de aprehensión vigente por defraudación fiscal. Se sabe que su padre, Miguel Alemán Velasco, enfrenta también disputas fiscales en otras empresas, pero el resto del núcleo familiar no tiene ninguna acusación legal en su contra, hasta el momento… Falta ver: Lo que se acumule….

*Periodista/Tlaxcala

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El gobierno de Claudia Sheinbaum, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, facilitó el acceso a un programa habitacional del INVI a la familia del “Pato Merlín”, la mascota viral no oficial del Mundial. Un departamento como el asignado bajo el programa “Vivienda del Bienestar”, tiene un costo de producción gubernamental que oscila entre los $800,000 y los $846,000 pesos.

Debo precisar, que hasta el momento todo apunta a que solamente le otorgaron el crédito y no fue un regalo o dádiva. Lo ciertemente evidenciado es que mientras la gestión resolvió una necesidad urgente, el caso reavivó el debate sobre el uso del aparato estatal para capitalizar fenómenos mediáticos frente a una crisis social generalizada.

La narrativa oficial, difundida ampliamente durante la “mañanera” del viernes, enmarcó el apoyo como un acto de profundo humanismo. Para la familia de Karla Gómez, vendedora ambulante que habitaba en condiciones vulnerables dentro de un pequeño local comercial, la intervención presidencial significó el paso hacia un hogar seguro.

Es innegable el impacto positivo que tiene el acceso a una vivienda digna para una familia trabajadora mexicana. Sin embargo, el fondo crítico de esta acción radica en el uso político de la vulnerabilidad y la rapidez con la que el Estado resolvió el caso particular de la familia mundialista contrasta drásticamente con la burocracia y las deficiencias que enfrentan cientos de miles de ciudadanos anónimos.

Mientras el carisma de un ave cautivaba a las redes sociales y a la audiencia del Mundial, amplios sectores de la población continúan marginados de los programas sociales sin la posibilidad de acceder a la misma atención directa de la persona titular del Ejecutivo Federal.

En la esfera pública, el hecho fue calificado por diversos analistas y usuarios como un ejemplo de “pan y circo” gubernamental. Al convertir a una mascota viral en protagonista de la agenda presidencial, la administración de Sheinbaum logró dominar la conversación digital y proyectar una imagen de cercanía con el pueblo.

Esto evidencia una estrategia de comunicación gubernamental altamente dependiente del golpe de efecto y la espectacularidad, la cual prioriza casos aislados con alto valor de simpatía por encima de soluciones estructurales integrales.

Por otro lado, cabe subrayar que, a pesar de las críticas que tildaron el hecho como un “regalo”, el gobierno federal y la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aclararon que la entrega del departamento en la Ciudad de México se realizó bajo el esquema de un programa de vivienda social, por lo cual la familia pagará su crédito. Esto separa el acto de un asistencialismo puro, orientándolo hacia un esquema de adquisición que dignifica el trabajo de la familia de comerciantes.

Mientras tanto, la Lotería Nacional emitió un billete con la imagen del Pato Merlín y si bien no es pública la información de ¿Cuánto les pagaron? Especialistas en marketing y utilización de marcas registradas consultados por Focus Group nos revelaron que éstas cifras oscilan entre 100 y 300 mil pesos por evento. Lo que se confirma, una vez que el influencer y empresario Poncho de Nigris reveló este fin de semana que pagó 200 mil pesos mexicanos en efectivo a la dueña del ave, Karla Ivette Gómez, a cambio de que “Merlín” fuera la imagen promocional y asistiera a un evento masivo en su cadena de pastelerías, Postrería 77.

Patos famosos existen gracias a caricaturas y series animadas infantiles del siglo pasado: “Pato Donald”, “Pato Lucas” y “Howard el Pato”… Pero con el “Pato Merlín”, estamos frente a la representación viva de “Rico McPato”, porque sin duda ha facturado buenas sumas al momento y podría seguir haciéndolo este año e incluso puede ser una empresa que con la edición del mundial en turno cada 4 años, encuentre oportunidades de ingresos.

Al final, el caso del Pato Merlín deja una dualidad evidente en la administración de Sheinbaum: Por un lado, demuestra la capacidad del Estado para intervenir en la transformación de la calidad de vida de un núcleo familiar específico y por otro, expone la discrecionalidad del poder, donde la suerte de los ciudadanos de a pie parece depender de la viralidad de sus mascotas, más que de su derecho universal a la protección social.

Surgieron muchos comentarios por parte de miles de familias sin mascota viral, porque este caso demuestra que para conseguir vivienda en México, a veces no importa cuántos años tengas en la lista de espera, sino que la suerte te acompañe. Ahora serán muchos funcionarios de vivienda los que estarán “pagando el pato” ante la populista intervención presidencial.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ ¿Pato Merlín o Rico McPato? apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

En México, el folclore político nacional está lleno de casos donde la línea entre el servicio público y el saqueo institucional se desvanece más rápido que el presupuesto. El club de los exmandatarios caídos en desgracia, o mejor dicho, en pausa estratégica, celebró una sesión extraordinaria, no hubo brindis con champaña ni selfis para presumir en redes, pero el ambiente dentro del selecto gremio respiraba un renovado aire de optimismo.

Tomemos como protagonista de este último capítulo al exmandatario de Quintana Roo, Roberto Borge, quién tras casi una década durmiendo en el penal federal de Morelos, un juez federal decidió absolverlo la semana pasada del delito de delincuencia organizada, argumentando que la Fiscalía General de la República no pudo acreditar la red criminal detrás del escandaloso desvío de terrenos. Por supuesto, esto no significa que haya quedado totalmente libre, Borge continuará su proceso por lavado de dinero, pero desde la comodidad de una residencia y portando un moderno brazalete electrónico. Lo que les inyecta una dósis de “esperanza” a exmandatarios que esperan sentencias a sus juicios.

Déjeme suponer que la noticia de ese día corrió como pólvora en otros reclusorios, donde ex gobernadores se enteraban que Roberto Borge, el otrora todopoderoso jerarca de Quintana Roo, acababa de abandonar el frío asfalto del penal. Tomás Yarrington, Javier Duarte, Mario Marín, Roberto Sandoval, César Duarte, quienes son integrantes del exclusivisimo club al que me refiero, seguramente tuvieron pensamientos y sensaciones positivas que les devuelven la posibilidad de salir impunes en los casos que los tienen tras las rejas.

Desde su trinchera de reclusión, Javier Duarte, el filósofo de la abundancia veracruzana, esbozó una mueca que pretendía ser una sonrisa. Famoso por su célebre teorema sobre la paciencia y las moralejas del destino, Duarte miraba los muros sabiendo que la justicia mexicana es, ante todo, una forma de suspenso. Él, que vió licuarse los fondos públicos de su estado, entiende a la perfección las reglas del juego: El arresto domiciliario de Borge no es impunidad; es, simplemente, el ascenso de un colega al siguiente nivel del “home office” judicial.

Un poco más al norte del tablero penitenciario, César Duarte rumiaba sus propios expedientes en Chihuahua. Su historial de propiedades adquiridas y desvíos multimillonarios parecía sacado de un manual de alta estrategia inmobiliaria, congelado en el tiempo por los lentos engranajes procesales. Y ahora, al observar el éxito de su colega Borge, el chihuahuense reafirmó su fe en el código penal nacional, ese maravilloso laberinto legal donde un amparo bien colocado vale más que mil testigos. La lección parece clara para Duarte Jáquez: El tiempo lo cura todo, especialmente las prisiones preventivas que amenazan con eternizarse.

No muy lejos, compartiendo el peso de la nostalgia institucional, Roberto Sandoval contemplaría el panorama desde su celda por presuntos vínculos incómodos y desvío de recursos en Nayarit. Sandoval seguramente piensa que portar un sofisticado brazalete electrónico en la comodidad de una sala con aire acondicionado siempre será más digno que desfilar con un uniforme color caqui y pasar lista tres veces al día. Y es que, para este grupo de visionarios incomprendidos, la política nunca fue el arte de servir, sino una tómbola de alta velocidad donde el premio principal consistía en gobernar seis años y resistir los siguientes defendiéndose con los mejores bufetes que el robo al erario estatal les pudo financiar.

La velada imaginaria de este club con los gobernadores presos cerraría con una certeza compartida: En el gran teatro de la política mexicana, las sentencias severas son meras sugerencias de guion y los juicios penales, largas telenovelas de las que el público termina por aburrirse; ya que mientras los ciudadanos de a pie sigamos pagando los platos rotos, ellos continuarán ensayando sus discursos de inocencia, confiados en que la burocracia judicial es lenta, pero asombrosamente flexible con ellos, llegado su momento.

Borge ya descansa en casa, cenando lejos del “rancho penitenciario”; para Marín, Yarrington, Sandoval y los Duarte, solo escuestión de esperar a que el juez en turno encuentre el ‘hilo negro’ de sus respectivos expedientes. Porque el reciente giro en el destino de Borge cayó como un bálsamo de esperanza sobre este sindicato informal de criminales de la política interna de México.

La historia de los exgobernadores en México parece un guion escrito con el color de la tinta de quién gobierna. La reciente absolución de Roberto Borge y su mudanza a prisión domiciliaria con brazalete, junto con el destino de otros exmandatarios, demuestra que en la política nacional, el encierro a veces es solo un trámite temporal.

Si bien, la resolución de los casos de los exgobernadores se define de forma individualizada y avanza al ritmo de las impugnaciones que los abogados interponen ante el Poder Judicial de la Federación, lo que hace imposible predecir un día exacto para las condenas finales, cambio de medidas cautelares o conclusión de sentencias de estos miembros VIP de nuestro sistema de reclusión penitenciaria.

Estos personajes, que en su momento de gloria caminaban sobre las leyes, se convirtieron en residentes obligados del sistema penal mexicano. Pero incluso dentro de la prisión, sus historias de justicia se mueven a un ritmo exasperante: exoneraciones parciales, cambios de medidas cautelares y prisiones domiciliarias doradas que hacen que el ciudadano común se pregunte si la justicia alguna vez llega de forma íntegra.

El destino final para estos “virreyes” o repertorio de exgobernadores presos, nos deja una moraleja: El poder en México puede llevar a la cárcel, pero la riqueza mal habida, con frecuencia, compra un boleto de salida o un encierro bastante más cómodo. Después de todo, hay cosas que el dinero si puede comprar.

*Periodista/Tlaxcala

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La estrategia federal contra el crimen se ha enfocado en neutralizar a generadores de violencia y desarticular redes delictivas, lo que ha generado la detención de 56 mil personas vinculadas a delitos de alto impacto en los primeros 20 meses de la administración de Claudia Sheinbaum.

De seguir Omar García Harfuch con ese ritmo de detenciones, para el final del sexenio estaría deteniendo a un total de 201,600 delincuentes que engrosarían los números de la población penitenciaria en México, que ya se encuentra rebasada; lo que me lleva a preguntar: ¿A dónde van a meter a tanto pillo?

Y lo pregunto de manera seria, porque el sistema penitenciario mexicano enfrenta desde hace décadas una crisis que ha llegado a calificarse como insostenible. Porque las cárceles en lugar de fungir como espacios orientados a la reinserción social y la rehabilitación, se han convertido en centros de castigo y vulneración de derechos humanos donde el hacinamiento es la regla y no la excepción.

De acuerdo con el “Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional”, el sistema carcelario del país enfrenta un hacinamiento récord que supera los 261 mil internos, generando hasta el mes de mayo de 2026 un excedente general de más de 34 mil personas por encima de la capacidad instalada. Y si le agregamos los 200 mil hombres y mujeres que delinquen y a quienes nuestras autoridades pondrían tras las rejas, estaríamos ante la imperiosa necesidad de acrecentar los espacios penitenciarios casi en un cien por ciento.

De las aproximadamente 260 prisiones estatales del país, cerca de 148 centros operan con sobrecupo. Mientras los penales locales sufren una crisis severa por el hacinamiento récord del sistema, los centros federales se reportan sin sobrepoblación en términos globales, aunque con muy pocos espacios disponibles: Cuentan con solamente 6,590 espacios libres a nivel nacional.

Los estados con mayor sobrepoblación carcelaria en México son el Estado de México, donde la crisis penitenciaria registra un exceso de 23,306 personas; Sonora, 8,125 internos por encima de su límite; Chiapas, 2,687 personas en exceso; Nayarit, tiene una saturación crítica de 2,420 personas; y Quintana Roo, con una sobrepoblación de 2,320 reclusos.

Los 261 mil reclusos actuales, más los que se acumulen con los operativos de Harfuch, tienen que resignarse a la existencia de un sistema de justicia penal lento y también saturado, donde el rezago en los expedientes mantiene a los procesados esperando años por una resolución o sentencia judicial.

La saturación de los espacios carcelarios y la escasez de custodios propician el surgimiento de redes de corrupción y regímenes de autogobierno, donde grupos criminales controlan el interior de los penales. Incluso los cuatro principales motines durante la actual administración federal son dignos de mencionarse, como el del Penal de Villahermosa, en diciembre de 2024; el del Penal de Tuxpan, en agosto de 2025; el del Penal de Puerto Vallarta, en febrero de este año y del Penal de Sonora, apenas en mayo pasado.

Estamos viviendo una política criminal reactiva por parte de la actual administración federal. No es suficiente con que haya más policías en las calles apresado delincuentes, es momento que hagan una prospección profesional que acrecente capacidad de fiscalías, juzgados y centros carcelarios.

Tengo amigos con quienes hago el Focus Group para el tratamiento de los temas que aquí publico y no les gusta que compare a México con naciones europeas. Porque me dicen que se puede prestar a que ataco al que dijo que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, así que solamente diré que según los datos actuales, el mejor sistema penitenciario es el noruego, aunque lo que México debe hacer, va más en el sentido de lo hecho por Bukele en El Salvador.

Es imperativo reformar el sistema de justicia penal para limitar el uso de la prisión preventiva, agilizar los procesos judiciales y dignificar la infraestructura existente, priorizando siempre la verdadera reinserción social. No una reforma electorera como la que hemos sido testigos que ha sucedido en los últimos periodos legislativos. Y lo más relevante: ¡Hace falta presupuesto!

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que 56 mil personas han sido detenidas en lo que lleva de gestión. Y sin lugar a dudas son buenas noticias, pero aún hay muchas aristas por atender….

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ Muchos arrestos y pocas celdas apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

El Mundial de fútbol conlleva riesgos deportivos y extradeportivos, desde los normales, a los circunstanciales, topando con los críticos y profundos, que van desde los impactos en la salud de los jugadores por calor extremo y estrés térmico, a los accidentes dentro y fuera de las canchas, hasta desafíos de seguridad marcados por la violencia y el crimen organizado, a lo que se suman amenazas cibernéticas, inestabilidad por protestas sociales y preocupaciones sobre la explotación infantil y trata de personas.

Hoy solamente deberíamos estar hablando de la salud de los jugadores por el Cambio Climático, que llega a un extremo por el “Estrés Térmico”, o de las duras jugadas por la disputa de balón que pueden derivar en lesiones para los jugadores; estoy hablándole de accidentes dentro de la cancha. Sin dejar de lado los accidentes fuera de la cancha, debido a kilómetros y kilómetros de recorridos que harán las selecciones desde sus campamentos hasta los sitios donde jugarán cada encuentro y que los ponen en riesgo permanente.

No es exagerado hablar del factor climático, ya que diversas organizaciones científicas han advertido a la FIFA que una cuarta parte de los partidos del Mundial podrían disputarse bajo niveles de calor extremo. Los expertos alertan que el estrés térmico pone en peligro real la salud física de los futbolistas, con temperaturas que pueden alcanzar umbrales críticos durante el llamado “verano boreal” en Norteamérica; convirtiéndose así en uno de los riesgos más alarmantes para los protagonistas del torneo: el impacto del cambio climático.

Eso sería de lo único que deberíamos estar hablando, pero no es así. Hay una visible polarización y están latentes protestas sociales; hay amenazas a la seguridad y ciberseguridad; crimen organizado; invisibilidad de delitos, además de abusos a menores y trata de mujeres; entre otros temas más que lamentablemente seguirán siendo noticia.

En México, un megaevento deportivo de esta envergadura se convierte en una plataforma de alta visibilidad que atrae movilizaciones de descontento social; donde jubilados, colectivos, magisterio y organizaciones de familiares de personas desaparecidas están recurriendo a bloqueos, marchas y protestas para visibilizar la crisis local y exigir respuestas gubernamentales, lo que puede generar disrupciones logísticas y sociales. No deseables, pero seguramente serán sucesos que viviremos.

Fuera de las canchas, los Mundiales actúan como catalizadores de tensiones políticas globales y polarización social. Las restricciones migratorias, las prohibiciones de viaje y las tensiones en Oriente Medio marcan el panorama geopolítico de torneos como la actual Copa Mundial de la FIFA, impidiendo que muchos aficionados de diversas partes del mundo puedan asistir libremente o sin el riesgo de detenciones arbitrarias.

Para garantizar la seguridad de estos eventos, los gobiernos suelen desplegar operativos masivos que involucran a decenas de miles de elementos del ejército y la marina, lo que genera un impacto negativo en el ejercicio de los derechos humanos, especialmente para los grupos vulnerables y las poblaciones de las colonias cercanas a los estadios y que resultan afectadas por los operativos que serán desplegados.

La aglomeración de grandes masas de personas y turistas abre la puerta a la proliferación de delitos oportunistas y organizados. En el plano digital, el entorno se vuelve hostil, con un incremento en los ciberataques, estafas y fraudes que afectan a la ciudadanía ante la falta de infraestructura pública preparada. Además, académicos consultados por ‘Focus Group’ advierten sobre “puntos ciegos” alarmantes, como el aumento de la trata de mujeres y la explotación infantil, impulsados por redes que operan aprovechando los momentos de mayor impunidad y flujo de personas.

Los recientes brotes de violencia extrema en Jalisco, tras incidentes contra el crimen organizado encendieron alarmas internacionales sobre las garantías de seguridad en sedes como Guadalajara. La respuesta gubernamental ha sido el despliegue masivo de casi 100,000 efectivos militares bajo el “Plan Kukulkán”. Operativo que no impidió que la embajada de Estados Unidos emitiera alerta a visitantes para viajar a Jalisco.

En Estados Unidos, los tiroteos recientes reportados cerca de campamentos base, como el ocurrido a pocos kilómetros de la concentración de Inglaterra en Kansas City, evidencian los riesgos cotidianos de la crisis de armas en suelo estadounidense.

En Canadá, aunque los niveles de delincuencia violenta general son bajos en Vancouver y Toronto, comparados con las ciudades sede de Estados Unidos y México, las autoridades canadienses han destinado una inversión especial en seguridad pública para contener diversas amenazas operativas y de salud. Se dice que existe un velo de sospecha ante amenazas terroristas que han surgido en las últimas horas.

Bajo ese tétrico escenario, estamos a horas del arranque del Mundial 2026, que corre el riesgo de convertirse en reflejo de la descentralización del torneo en un continente fragmentado y en crisis entre sus mandatarios, lo que no contribuye a la alegría del fútbol; pero lo que si distribuye por igual en los tres países, es la responsabilidad de los riesgos.

Rodará la pelota y con ella crecerá la presión de todo lo que puede suceder; y cuando la pelota deje de rodar, las ciudades anfitrionas tendrán que hacer frente a “la resaca” que dejarán el desplazamiento social, seguridad, logística e impacto ecológico de un evento que, en su afán de ser el más grande de la historia, olvidó cómo ser sostenible, seguro y alegre. Anhelo equivocarme y que sea un buen evento donde veamos ese gran espectáculo llamado fútbol.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo FOCUS GROUP/ Sedes bajo fuego, crimen y polarización apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha venido consolidado una transformación estructural profunda en el país, marcada por una intensa agenda de reformas constitucionales y legales.

Mediante un uso estratégico de su mayoría legislativa, el gobierno ha logrado cristalizar modificaciones de gran calado que van desde la histórica elección popular de jueces y magistrados, hasta la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

A toda costa ha buscado la consolidación de Pemex y la CFE como empresas públicas estratégicas, aunque las calificadoras le han jugado en contra de sus intenciones; y la desaparición de diversos órganos autónomos han sido otro factor que refleja saldo en contra. Pero todo esto también, termina por delinear un nuevo modelo institucional.

Este ritmo incesante de cambios apunta a la reconfiguración del andamiaje jurídico y operativo del Estado. En el corazón de esta intensa actividad reformista destaca la reciente reestructuración del Poder Judicial; llamada por algunos “La Reforma” de la Reforma.

Lejos de tratarse de una medida aislada, esta modificación se sumó a una ola de cambios orgánicos que incluye la elevación a rango constitucional de programas de bienestar social, la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el reconocimiento pleno de la igualdad sustantiva de las mujeres.

Asimismo, con iniciativas enfocadas en el plano laboral, como el progresivo ajuste a una semana de cuarenta horas y estrictas directrices de austeridad republicana, la ejecutiva federal busca imprimir un sello de mayor rectoría estatal.

Para la administración en curso, este activismo diario no es un mero trámite parlamentario, sino el corazón del proyecto político de lo que llaman “transformación”. Desde la perspectiva oficial, estas adecuaciones son indispensables para erradicar vicios del pasado, frenar la corrupción y asegurar que las instituciones respondan a las demandas populares.

El argumento central es que la arquitectura legal heredada de administraciones anteriores, el bloque denominado “neoliberal”, resultaba incompatible con los objetivos de justicia social y soberanía nacional delineados para esta etapa de la autodenominada Cuarta Transformación.

Sin embargo, esta vertiginosa reingeniería institucional genera una fuerte polarización en la esfera pública. Voces opositoras y diversos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por lo que consideran una concentración excesiva de poder, el debilitamiento de los contrapesos democráticos y la vulneración de la autonomía de los antiguos organismos reguladores.

Para los críticos, legislar reformas estructurales de forma tan acelerada, y con una visión centralizadora, corre el riesgo de politizar áreas técnicas del gobierno e inclusive podría comprometer el cumplimiento de tratados internacionales, de los que México forma parte.

En conclusión, la agenda de la presidenta Sheinbaum representa “un antes y un después” en la historia contemporánea de México. Al modificar decenas de artículos fundamentales y crear nuevas leyes secundarias, su gobierno no solo consolida un nuevo paradigma de gobernanza, sino que establece un escenario de permanente debate nacional.

La viabilidad, eficacia y legitimidad de este rediseño institucional dependerán en gran medida de su instrumentación práctica y de la capacidad del Estado para mantener la estabilidad política y económica en un entorno de profundos cambios estructurales.

Mientras todo eso y más se cocina, Claudia Sheinbaum llamó a movilizarse el domingo en defensa de la 4T tras las acusaciones de Estados Unidos contra políticos morenistas. La presidenta afirmó que hay sectores en la unión americana que buscan influir en México y “tener un gobierno a modo”, lo que también revela por qué se propone la reforma anti-injerencista que anularía elecciones. “El show” anunciado desde Palacio será simultáneo en todo el país y se realizará mientras crece la presión por los señalamientos contra funcionarios ligados a Morena, pero también sucederá mientras la mayor parte de los cambios legales suceden en el país.

*Periodista/Tlaxcala

El cargo Focus Group/ El polémico rediseño del Estado mexicano apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

Hay una conexión directa entre las redes de narcotráfico y los cárteles en México con la reintroducción del gusano barrenador a los Estados Unidos y de eso se dió cuenta el jueves pasado en el Senado del Estado de Texas.

Y el asunto no es menor, ya que Ammon Blair, investigador principal de la Fundación de Políticas Públicas de Texas, testificó ante el Comité de Agua, Agricultura y Asuntos Rurales del Senado de Texas sobre la creciente amenaza de la reintroducción del “Gusano Barrenador del Nuevo Mundo” en los Estados Unidos y su conexión directa con las redes de tráfico controladas por cárteles que operan desde México.

Argumentó que los cárteles mexicanos han expandido su control más allá del tráfico de drogas tradicional, integrándose en sectores económicos legales como la agricultura, el transporte y la cadena de suministro de ganado. Y señaló dura y contundentemente a México de ser el primer lugar en el mundo en mercados criminales y el tercer lugar en criminalidad general.

Por su importancia y para que no se diga que daré un matiz diferente a la postura del investigador compareciente ante el Senado de Texas, traduzco y transcribo una intervención de un minuto y cincuenta y cinco segundos que está en el canal oficial de la TPPF en YouTube: https://youtu.be/U2_zRQGb58E?si=x3pFIN6M62d-cYrG y que empieza dirigiéndose al senador Charles Perry presidente Comité de Agua, Agricultura y Asuntos Rurales del Senado de Texas: “Buenas tardes, Presidente Perry y miembros del comité. Gracias por la oportunidad de testificar. Mi nombre es Ammon Blair. Soy investigador principal de la Fundación de Políticas Públicas de Texas.

Texas no se enfrenta actualmente a un país vecino normal, sino a un narcoestado cada vez más autocrático, donde los cárteles y elementos del gobierno mexicano operan en simbiosis consciente y voluntaria en importantes sectores económicos, como la agricultura, la ganadería, el transporte y el comercio.

El resurgimiento del “Gusano Barrenador del Nuevo Mundo” pone de manifiesto las consecuencias de esta realidad. Durante años, Estados Unidos se centró casi exclusivamente en narcóticos como el fentanilo y la inmigración ilegal en la frontera sur, ignorando en gran medida el vasto mercado criminal que controlan los cárteles en México y partes de Latinoamérica. Estos cárteles ejercen control territorial, corrompen instituciones, capturan sistemas políticos y se han integrado directamente en economías legítimas.

México ocupa ahora el primer lugar en el mundo en mercados criminales y el tercer lugar en criminalidad general entre ciento noventa y tres países. Ese es el entorno operativo en el que ahora funciona la cadena de suministro de ganado. El riesgo de reintroducción del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Estados Unidos está directamente vinculado a las operaciones de tráfico controladas por los cárteles.

Más de ochocientas mil cabezas de ganado de América del Sur y Central se trasladan a México cada año a través de la frontera con Guatemala. Los cárteles blanquean ese ganado en cadenas de suministro legítimas utilizando crotales falsificados, documentación veterinaria falsificada y redes logísticas corruptas.

El brote de gusano barrenador ha sido mapeado y sus patrones reflejan las rutas de tráfico de los cárteles, propagándose rápidamente hacia el norte a lo largo de los mismos corredores de contrabando que los inmigrantes ilegales, especialmente a través del Tapón del Darién (Selva y pantanos entre Colombia y Panamá). Por lo tanto, independientemente de las políticas o protocolos que se implementen, si no se abordan estas redes de tráfico de los cárteles, los riesgos de enfermedades o ganado infestado en Texas y Estados Unidos persistirán”.

Las redes internacionales que señala la TPPF, evidencian riesgo para la industria ganadera, infiltración de cárteles en el comercio legítimo, así como seguridad fronteriza y bioseguridad, que son los tres aspectos a los que se refiere Ammon Blair, pero además, deja una contundente crítica sobre México y su nada orgulloso “liderazgo criminal”, que nos sigue afectando reputacionalmente.

Texas Public Policy Foundation (TPPF), es una fundación que frecuentemente actúa como un grupo de presión (“Think-Tank”, como le llaman en el argot gringo) que influye en la legislación local y nacional mediante el análisis de datos, campañas públicas y litigios legales.

Y hoy la intención es clara: Exhibir el peligro latente que representa este parásito para la producción de carne y la economía agrícola de Texas; lo expuestas que se encuentran actividades como la agricultura, el transporte y la cadena de suministro de ganado, donde ya hay involucramiento de cárteles; y la seguridad fronteriza que está amenazada por México, ya que el Senado de Texas advierte que el gusano barrenador viaja por las mismas rutas del narco y eso incluye al menos a los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Tamaulipas.

Mientras no se combatan las redes de tráfico de ganado desde los cárteles, ninguna política o protocolo por sí solo será suficiente para proteger a Texas y al ganado estadounidense. Y si eso pasa en Estados Unidos, ya ni le cuento cómo seguirán empeorando las cosas en México…
*Periodista/Tlaxcala

El cargo Focus Group/ Texas, Cárteles y Gusano Barrenador apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

En los meses previos y durante el inicio de la Copa Mundial de Futbol 2014, Brasil enfrentó una ola de protestas masivas bajo los lemas “¡No habrá Copa!” y “¡FIFA vete a casa!”. Los brasileños protestaban por el alto costo de la organización en contraste con la falta de inversión en servicios públicos, educación y salud.

A pocos días del inicio, el metro de São Paulo paralizó sus actividades. También hubo huelgas de policías y maestros, así como movimientos sociales como el de los “Trabajadores Sin Techo” que bloquearon decenas de vías principales. Durante el partido inaugural, la policía usó gases lacrimógenos para dispersar manifestantes cerca del estadio Maracaná.

Eso fue Brasil en 2014. Hoy en México 2026, a solamente 30 dias del partido inaugural, surge la amenaza de una huelga nacional de maestros y en unos días se desarrollará una megamarcha, en ocasión del Día del Maestro (15 de mayo), que será el primer termómetro para apreciar si trae o no, fuerza el movimiento magisterial.

Si la estrategia gubernamental para negociar con el magisterio sigue siendo recortar días de escuela e improvisar calendarios, el marcador político antes de que ruede el primer balón del Mundial ya va perdiéndose en el terreno de la educación pública.

El magisterio disidente acusa que adelantar el fin de clases del 15 de julio al 5 de junio no era una medida pedagógica, sino un burdo intento político para vaciar las aulas y desactivar sus protestas de cara al Mundial de Futbol de la FIFA 2026

Los líderes de la Coordinadora ya advierten que aprovecharán que los ojos del mundo estarán sobre México para visibilizar sus demandas, amenazando la movilidad hacia el Aeropuerto Internacional y las inmediaciones del Estadio Azteca. Y ni qué decir de Monterrey y Guadalajara, que también serán sedes mundialistas.

Las secciones 9 de Ciudad de México, 7 de Chiapas, 18 de Michoacán y 22 de Oaxaca, son los cuatro bastiones históricos que operan como un engranaje perfecto de movilización masiva para la CNTE. Solamente la sección 9 de CDMX, por si sola, con su demostrado control de las escuelas de educación básica en la capital, garantizarían que el Zócalo y las avenidas principales se conviertan en un campamento permanente a partir del 15 de mayo.

La Sección 22 de Oaxaca, es una especie de motor de la Coordinadora. Su capacidad de desplazar a decenas de miles de docentes hacia la capital del país corta de tajo la normalidad, a la que se sumarían Tabasco y Veracruz que son estados del sureste, que refuerzan los contingentes que cercarán las sedes federales.

Las secciones 7 y 18 de Chiapas y Michoacán, respectivamente, son especialistas en la presión periférica. Controlan vías férreas, carreteras federales y casetas de peaje, aislando económicamente regiones enteras como mecanismo de presión paralelo a las marchas en la Ciudad de México.

Históricamente, cada vez que el gobierno intenta asfixiar las protestas mediante decretos administrativos, cambios de calendario o el uso velado de la fuerza pública, la CNTE responde radicalizando su postura. Esta huelga nacional es la viva prueba de que las soluciones superficiales sólo han servido para encender un polvorín laboral que ahora está listo para estallar justo cuando el país necesita proyectar estabilidad global.

La táctica del Estado mexicano frente a la CNTE no ha cambiado en décadas; el gobierno actual repite los mismos vicios de simulación que criticaba en el pasado. ¿Y qué exigen? Pues la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a un sistema de pensiones solidario en lugar de las cuentas individuales de las Afores; reclaman la reparación de la reforma educativa, exigiendo un verdadero régimen sociolaboral justo para el magisterio; y denuncian que la Secretaría de Gobernación les ha tendido trampas en las supuestas mesas de trabajo que califican como una mera fachada política.

La huelga de la CNTE próxima a arrancar podría ser la gota que derrame el vaso y sentencie la salida de Mario Delgado de la Secretaría de Educación Pública o de Rosa Icela Rodríguez de la Secretaría de Gobernación. Estamos ante una sentencia clara para el gobierno de Claudia Sheinbaum: la gobernabilidad del país no se resuelve decretando el fin anticipado de las clases ni disimulando el descontento social bajo el tapete de un torneo de futbol internacional. Al haber intentado vaciar las aulas para limpiar las calles, el Estado solo consiguió encender la mecha de un gremio que sabe perfectamente cómo arruinar una fiesta global.

El balón está en la cancha de Palacio Nacional. Si la respuesta oficial sigue siendo la administración del conflicto y la cerrazón financiera ante las pensiones, el marcador político para esta administración se definirá por goleada en contra, mucho antes de que el silbato de la FIFA inaugure el primer partido en el Estadio Azteca: ¿Acaso se repetirán las escenas de Brasil 2014 con gases lacrimógenos en plena inauguración mundialista?

*Periodista/Tlaxcala

El cargo Focus Group/ Huelga y Mundial: Cara a Cara apareció primero en La Chispa de Oaxaca.