Salomón Jara presentó ante el Congreso su propia #LeySabina
Salomón Jara Cruz, gobernador del estado de Oaxaca, presentó ante el Pleno del Congreso Local un paquete de reformas a la Constitución Política Local y a diversas leyes estatales.
Esta iniciativa tiene el objetivo de restringir el acceso a cargos públicos a personas que estén inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Una propia versión que quedó plasmado en la llamada Ley Sabina, impulsada en Oaxaca por la activista Diana Luz Vázquez Ruiz. Solo que ahora se aplicaría a servidores públicos.
La ley, atiende la demanda ciudadana de velar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, respecto a su derecho a la alimentación y para garantizar un adecuado nivel de vida, junto con un buen desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
La propuesta prevé la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y a siete leyes secundarias, para establecer como requisito para fungir como servidores públicos, no ser deudores alimentarios morosos, salvo que acrediten estar al corriente del pago, cancelen esa deuda, o bien, tramiten el descuento correspondiente.
¿A quién aplica la iniciativa que propone Salomón Jara?
La propuesta de ley, expone que esta limitante sea vinculante para las y los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública Estatal, integrantes del Poder Judicial del Estado -jueces, secretarios y magistrados-, así como las personas titulares e integrantes de los órganos constitucionalmente autónomos.
Entre estos órganos autónomos estatales, destaca la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; el Tribunal de Justicia Administrativa; el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno, así como la Fiscalía General del Estado -incluyendo a ministerios públicos, policías investigadores, facilitadores, entre otros.
De igual forma, se contempla que este requisito sea exigible para las personas que deseen postularse como diputados o diputadas locales.
Además, para que sea extensiva a las personas integrantes de los ayuntamientos en los 570 municipios del estado.
Se prevé que la presente modificación, sea vinculante únicamente a partir de las oficinas y todos los niveles burocráticos superiores.
“Es así como la administración pública estatal busca que las personas integrantes del servicio público pongan el ejemplo a toda la sociedad y, a través de este, el derecho a los alimentos sea extensiva a todas las comunidades de la entidad, y se convierta en un principio socialmente arraigado”, señaló el gobierno del estado en un comunicado.
