Sala de justicia indígena, no debe desaparecer, pide sociedad civil
Oaxaca, México.— Organizaciones de la sociedad civil han solicitado al Congreso de Oaxaca reconsiderar la reciente decisión de eliminar la Sala de Justicia Indígena, aprobada como parte de las reformas constitucionales al Poder Judicial del Estado. Esta medida, afirman, representa un retroceso histórico que vulnera los derechos de los pueblos indígenas y contraviene los principios de pluralismo jurídico reconocidos en la Constitución mexicana y en tratados internacionales.
Entre las instituciones que respaldan esta petición se encuentran el Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO), Servicios del Pueblo Mixe (SER), Luna del Sur A.C. y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C.
Estas organizaciones hicieron un llamado al Congreso de Oaxaca para dimensionar el impacto negativo que esta decisión tendrá en los pueblos y comunidades indígenas, así como en el reconocimiento del pluralismo jurídico en el estado y el país.
La desaparición de la Sala de Justicia Indígena, concluyeron, no solo pone en riesgo la continuidad de los sistemas de justicia indígena, sino que también representa un paso atrás en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y en la construcción de un México verdaderamente diverso y multicultural.
Sala de justicia Indígena un refente en México
La Sala de Justicia Indígena, creada en 2015, es un referente en México y América Latina por su papel en garantizar que las comunidades indígenas ejerzan su derecho a una justicia acorde con sus sistemas normativos, tradiciones y valores.
Además, destacaron que es reconocida por instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su labor en armonizar la jurisdicción indígena con la estatal.
Su desaparición, según las organizaciones, no solo limita la autonomía de estos pueblos, sino que también ignora la diversidad cultural y jurídica que caracteriza al país.
Las organizaciones señalaron que esta decisión contradice el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
“Es necesario un enfoque que promueva la integración de los sistemas de justicia, donde se reconozcan y respeten las particularidades de las comunidades indígenas, garantizando siempre el acceso a la justicia de manera plena y equitativa para todos los mexicanos”, afirmaron las organizaciones.
