Fuego y negligencia: incendios forestales sin control
Oaxaca.- Los incendios forestales provocados en los tiraderos de basura a cielo abierto en Oaxaca no son hechos aislados ni accidentes desafortunados.
Son, como lo ha denunciado el activista Nasario García Ramírez, fundador del Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO) el resultado de una política irresponsable, promovida desde el Organismo Operador de Residuos Sólidos, que encabeza Pedro Garrido, con la complicidad silenciosa de autoridades estatales y municipales.
Oaxaca permanece en onceavo lugar nacional con las mayores afectaciones a causa de incendios forestales, con una superficie destruida de 10 mil 784 hectáreas hasta el 26 de abril.
Denunció que en los últimos meses, sitios como Santa María Atzompa, Tonameca, Salina Cruz, Río Grande, Huitzo y Bajos de Chila han sido escenario de incendios prolongados que han puesto en riesgo la salud de la población, contaminado el aire, el suelo y los cuerpos de agua cercanos, y exhibido el abandono institucional en la gestión de residuos.
Dijo que lejos de ser una coincidencia, estos hechos obedecen a una práctica sistemática: prender fuego a los tiraderos para disminuir el volumen de los residuos y prolongar el uso de estos sitios sin realizar inversiones en su saneamiento o clausura.
La gravedad de esta situación no se limita al daño ambiental evidente. Como advirtió García Ramírez, muchos de estos basureros están cerca de zonas habitadas, como en Tlacolula de Matamoros, donde el fraccionamiento Yagul, con más de cinco mil viviendas, se encuentra a escasos 200 metros de un tiradero. La posibilidad de una tragedia humana es tan real como inminente.
Lo más alarmante es la red de protección política que rodea este problema. Presidentes municipales justifican su inacción argumentando que “Pedro Garrido es su amigo”, mientras las autoridades federales —Semarnat, Conagua y Profepa— brillan por su ausencia. La omisión es complicidad, y el silencio institucional es parte del crimen ambiental.
La ciudadanía oaxaqueña merece algo mejor que instituciones decorativas y servidores públicos complacientes. Existe un marco legal para sancionar y corregir esta situación, pero no se aplica por intereses políticos y compadrazgos. Esto no solo es ilegal; es inmoral.
Oaxaca enfrenta una emergencia ambiental disfrazada de rutina. Es hora de que la sociedad civil, los medios de comunicación y las instancias federales que aún funcionan —si es que existen— exijan cuentas y actúen.
Cada incendio que se permite en estos basureros es una afrenta al derecho a vivir en un ambiente sano, y una bomba de tiempo que puede terminar en tragedia.
