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Fiscalía de Oaxaca separa a cinco funcionarios por presunta corrupción

Fiscalía de Oaxaca separa a cinco funcionarios por presunta corrupción

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En cumplimiento con su política de Cero Tolerancia a la corrupción, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha separado de sus cargos a cinco funcionarios de diferentes niveles.

Esta decisión se tomó tras investigaciones internas que revelaron indicios de su posible implicación en actos de corrupción.

La investigación comenzó a partir de una denuncia de una víctima, que llevó a la FGEO a realizar un trabajo de inteligencia criminal. La Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), en colaboración con la Visitaduría General y la Contraloría Interna, llevó a cabo las indagatorias correspondientes.

 

El Fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla destacó: “Desde que conocimos el caso, actuamos de inmediato. No toleraremos estas conductas, que afectan a las víctimas y minan la confianza en nuestra institución. Estamos comprometidos a erradicar estas prácticas y garantizar que no se repitan.”

 

Los funcionarios separados incluyen al Vicefiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto, J. X. T. A.; una Agente del Ministerio Público de la misma área; y tres coordinadores de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales: M. A. C. H., G. M. B. y J. A. V. L. Estos individuos están siendo investigados por su presunta implicación en actos de corrupción.

 

Las investigaciones revelaron que al menos cinco personas, en diversos cargos, podrían haber solicitado dinero a cambio de agilizar trámites. Para asegurar una investigación imparcial, estas personas fueron separadas de sus cargos mientras se lleva a cabo el proceso correspondiente.

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La FGEO está trabajando para sanear las áreas afectadas y ofrecer un servicio adecuado a la ciudadanía. El Fiscal Rodríguez Alamilla reafirmó el compromiso de la institución de realizar investigaciones transparentes y honestas.

 

La FGEO mantiene su compromiso de combatir y esclarecer cualquier denuncia de corrupción o mal uso de la función pública, para que las víctimas confíen en acudir a la Fiscalía cuando sea necesario.


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