Procesan a ex síndica en Oaxaca acusada de tortura y homicidio
Oaxaca, México.– Martha Isabel Hernández, ex síndica municipal de San Pablo Huitzo, fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, derivados de hechos ocurridos el 6 de mayo de 2020, cuando presuntamente ordenó el linchamiento de dos jóvenes en esa localidad del estado de Oaxaca.
Había elementos suficientes en su contra: Fiscalía
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), fue la instancia encargada de integrar y presentar los elementos de prueba ante el Poder Judicial de la Federación.
La Jueza de Control, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal eran suficientes para vincular a proceso a la exfuncionaria.
Fueron brutalmente golpeados por supuestas instrucciones de la ex síndica
De acuerdo con la investigación, el 6 de mayo de 2020, Hernández presuntamente ordenó a elementos de la policía municipal detener a dos jóvenes identificados como Juan Jaciel y Diego.
Siguiendo sus instrucciones, los agentes trasladaron a los jóvenes a una zona apartada del poblado, donde fueron brutalmente golpeados y torturados.
Como consecuencia de las agresiones, Diego perdió la vida, mientras que Juan Jaciel logró sobrevivir y se convirtió en testigo clave dentro de la carpeta de investigación.
La FEMDH estableció que los hechos ocurrieron con la participación activa de autoridades locales, lo que agravó la naturaleza del crimen y motivó la atracción del caso por parte de la FGR.
Delitos imputados
A Martha Isabel Hernández se le imputan tres delitos: tortura en perjuicio de ambos jóvenes; homicidio calificado en contra de Diego, quien murió a causa de las lesiones; y homicidio calificado en grado de tentativa, por los hechos cometidos en contra de Juan Jaciel.
La Jueza de Control fijó un plazo de tres meses para la conclusión de la investigación complementaria, durante la cual el Ministerio Público Federal deberá consolidar la evidencia, realizar peritajes adicionales y definir si se solicitará la apertura del juicio oral.
ONGS exigen justicia
El caso ha causado indignación entre organismos defensores de derechos humanos y la comunidad local, quienes han señalado la gravedad de los hechos y la responsabilidad de autoridades municipales en actos que, presuntamente, constituyen violaciones graves a los derechos humanos.
Organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y colectivos locales han exigido que se garantice justicia y se castigue a los responsables conforme a derecho, sin importar el cargo público que hayan ocupado.
Este proceso se enmarca dentro de los esfuerzos de la FGR por judicializar casos relacionados con violaciones a derechos humanos, particularmente aquellos en los que servidores públicos están implicados.
