Renuncia coordinadora del Bienestar en Oaxaca
Oaxaca.- La renuncia de Melina Ponce Castelán, hasta hace unos días coordinadora del Programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad Permanente en Oaxaca, pone nuevamente sobre la mesa un tema ineludible en el servicio público: la ética como principio innegociable de la función gubernamental.
Un video difundido ampliamente en redes sociales la muestra en evidente estado de ebriedad durante un operativo alcoholímetro.
Más allá de la infracción administrativa y la actitud prepotente que exhibió —incluyendo señalamientos sin fundamento contra el secretario de Gobierno de Oaxaca—, lo que este hecho revela es la fragilidad con la que algunos funcionarios asumen su papel dentro del aparato del Estado.
No se trata únicamente de una conducta inapropiada en la vida privada. Melina Ponce no era una ciudadana cualquiera: estaba al frente de un programa que atiende a uno de los sectores más vulnerables del país.
Su comportamiento público, por tanto, debía ser ejemplar. Quien representa al Estado mexicano tiene la obligación no solo de cumplir con la ley, sino de ser digno de la confianza ciudadana.
La Secretaría del Bienestar, al aceptar su renuncia y deslindarse de sus acciones, actuó con rapidez institucional. Loable, sí, pero insuficiente. El episodio expone la necesidad de revisar con lupa los procesos de selección y evaluación de quienes ocupan cargos dentro de los programas sociales más sensibles del Gobierno federal.
Grandes retos enfrenta el gobierno de Oaxaca
La conducta de Melina Ponce Castelán no es una anécdota aislada, sino un síntoma más de los retos que enfrenta la administración pública en México.
No basta con discursos sobre la austeridad y la transformación moral: se requiere una cultura institucional fuerte, con perfiles profesionales adecuados, procesos de capacitación continua y mecanismos efectivos de evaluación y sanción.
Este caso también refleja algo que no debe ignorarse: el escrutinio público ha cambiado. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa para vigilar a los funcionarios, exponer abusos y exigir consecuencias.
Y si bien esto puede tener matices, también es una forma legítima de contrapeso ciudadano en una democracia.
El mensaje es claro: quien aspire a representar a las instituciones públicas debe comprender que su conducta, dentro y fuera del horario laboral, tiene un impacto directo en la legitimidad del Estado. La ética no es un accesorio.
Es, o debería ser, la base misma del servicio público.
