Asociación Mexicana de Internet contra el tiempo
- “El reloj judicial: cuando el tiempo decide lo que la justicia no quiere resolver”
En los próximos días, un tribunal federal en la Ciudad de México tomará una decisión que, aunque técnicamente discreta, tiene implicaciones profundas para el sistema de justicia mexicano.
No se trata sólo de un caso penal.
Se trata de definir si el paso del tiempo puede convertirse en el mejor abogado de quien no logró demostrar su inocencia.
La Asociación Mexicana de Internet —una institución con más de 25 años de trayectoria— enfrenta hoy una paradoja que sintetiza los vicios estructurales del sistema penal: después de años de litigio, el debate ya no gira en torno a si hubo o no un desfalco, sino a si el Estado dejó pasar suficiente tiempo como para olvidar que ocurrió.
Ese es el corazón del caso.
No es la verdad. Es el reloj.
El expediente que hoy está en manos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito pondrá a prueba algo más que criterios técnicos: pondrá a prueba la disposición del Poder Judicial para asumir las consecuencias de la ineficiencia institucional.
El imputado no ha centrado su defensa en desvirtuar los hechos. Ha apostado —con notable precisión— a una estrategia distinta: esperar.
Esperar a que el expediente se enfríe.
Esperar a que la autoridad se detenga.
Esperar a que el sistema haga lo que tantas veces hace: llegar tarde.
Y cuando el sistema llega tarde, la ley le abre la puerta de salida.
Pero hay algo más.
La Asociación Mexicana de Internet no llega a este punto por inercia. Llega después de años en los que su administración actual —con recursos limitados, “fuego amigo” interno y frente a un entramado procesal complejo— ha decidido hacer algo que no siempre es cómodo ni frecuente: litigar hacia atrás, revisar decisiones internas, enfrentar posibles irregularidades y sostener un caso que muchos habrían dejado morir en silencio, muchos, de hecho, lo hicieron.
Nada de eso ha sido todavía objeto de un pronunciamiento judicial definitivo. Pero sí forma parte del contexto que cualquier tribunal serio debería observar con cautela, sobre todo cuando ya 4 autoridades, una administrativa como el ministerio público y 3 judiciales determinaron en su momento que la acción NO esta prescrita.
Hoy, los magistrados tienen frente a sí una decisión moralmente clara:
¿Van a convalidar que el tiempo sustituya a la justicia?
¿O van a establecer que la muy cuestionable prescripción no puede convertirse en refugio de estrategias dilatorias cuando existen elementos para sostener una persecución penal efectiva?
En un momento en el que el Poder Judicial está bajo escrutinio público, nacional e internacional, las resoluciones ya no sólo se leen en expedientes, se leen en clave de confianza.
Y la confianza, o la falta de esta, a diferencia del tiempo, no prescribe.
