En los pasillos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el secreto a voces entre trabajadores se ha convertido en un grito para que se abra una investigación. La gestión de Efrén Emmanuel Jarquín González enfrenta hoy el cuestionamiento más severo que puede recibir un funcionario público: la sospecha de haber convertido una institución vital en un “Club de Tobi” donde la lealtad de grupo pesa más que la eficiencia administrativa, en detrimento de la salud de la ciudadanía.

La idea de que las licitaciones y contratos se reparten “entre cuates” no es una acusación menor. Mientras desde la oficina central se presumen inversiones históricas y “muros burocráticos derribados”, la realidad en las clínicas y hospitales cuenta una historia distinta: un desabasto de insumos que en algunos puntos críticos ha llegado a reportarse en niveles alarmantes de apenas el 8%.

No es coincidencia que en los primeros meses de este 2026, las batas blancas salgan a protestar a las calles de la capital y el Istmo, no para exigir aumento salarial o privilegios, sino para reclamar lo mínimo indispensable para realizar su labor y salvar vidas.

EL CÍRCULO DE LOS ELEGIDOS

En 2025, según el Portal Nacional de Transparencia (PNT), la SSO habría invertido poco más $1,525 millones de pesos en licitaciones por diversos servicios, obras y/o adquisiciones, que presuntamente han sido entregadas a un círculo empresarial de confianza, que ha transformado el sistema de salud pública en una caja de ahorros para los amigos del poder, que contrasta con la pobreza histórica de esta entidad.

La “Primavera Oaxaqueña” en salud parece florecer solo para quienes están dentro de ese exclusivo club, no importando si la razón social es local o foránea.

Empresas como la chilanga SERPROSEP, de José Ángel Gómez Hernández y Óscar Humberto Bistrain Tenorio, que el año pasado firmó dos contratos -uno de ellos de manera conjunta con Máxima Guía- por un monto de $360 millones 391 mil 906.4 pesos para vigilar las instalaciones de la SSO. Cabe señalar que la empresa, con sede en la CDMX, también ha obtenido contratos en el IPN, en el AICM, en Salud Federal, DIF Nacional, Infonavit, Banobras, ISSSTE, pero el grueso de contratos lo ha obtenido en la CONAFE.

Otras firmas de este club son las oaxaqueñas: Uniforma T con 10, cuya cabeza Antonio Alejandro Vásquez Cruz -quien en 2023 era asesor en administrativo en el Congreso- que en dos contratos por uniformar al personal de la SSO se agenció un monto de $113 millones 103 mil 702.8 pesos; y Uniformes Shaper, propiedad del junior de ascendencia italiano Carlo Spada Tello y Omar Hernández Juárez, que igualmente en dos contratos se embolsó la suma de $95 millones 830 mil 565.88 pesos.

Más ejemplos: la empresa Telecomunicación y Equipos, del todopoderoso Tomás Guillermo Braniff Suinaga, que en dos contratos -venta de un equipo de resonancia magnética y un tomógrafo- se llevó las suma de $96 millones 462 mil 180.32 pesos; Limpieza & Mantenimiento Limi del Valle de Oaxaca -administrada por Alberto Rodríguez Zúñiga, quien también administra la empresa Promotora de Espectáculos y Representación Musical del Norte, que ha ganado múltiples contratos en Oaxaca- que por el servicio de limpieza en las unidades médicas se metió $187 millones 600 mil pesos.

Tan solo este club de empresas se agenció más de $853.3 millones de pesos en contratos, lo que representa el 55.95 por ciento de los más de $1,525 millones que la SSO invirtió el año pasado.

Si Efrén Jarquín aspira a que su administración sea recordada por algo más que por el “amiguismo”, debe abrir y transparentar los procesos de adjudicación. El sector salud no es un club social ni una agencia al servicio del mejor postor; es el último refugio de los oaxaqueños que no tienen nada más que su derecho a la vida.

Oaxaca ya no aguanta más “cuates” ni licitaciones dirigidas. Si el titular de los SSO no rompe con su “Club de Tobi”, el costo no lo pagará su carrera política, sino la salud de miles que siguen esperando que la justicia social llegue, por fin, a las clínicas del estado.

El cargo El ‘Club de Tobi’ de Efrén Jarquín en Salud Oaxaca: ¿Licitaciones entre cuates? apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

Este lunes se daría el fallo de la licitación EA-913003989-N879-2025, convocada por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo, para el arrendamiento de 80 autobuses para los próximos 2 años que serán integrados a la flotilla del Tuzobús a partir del próximo año 2026, que de acuerdo a denuncias estaría direccionada presuntamente a la empresa Rommify Capital SA de CV, constituida el año 2020, pero que desde el 2022 tiene como socio o accionista principal a Juan Carlos Martínez Domínguez, uno de los personajes más oscuros que se ha mantenido vigente como proveedor desde los sexenios priistas de Francisco Olvera Ruiz y Omar Fayad Meneses, pese a que presentó la oferta más cara con $662,421,775.24 pesos.

Según documentos oficiales, Rommify Capital SA de CV fue constituida el 02 de octubre 2020 ante la fe de la Notaria Pública No. 21, María del Consuelo García Curiel, de Pachuca, siendo los socios originales la persona física Luis Ricardo Guinea Prado, y el otro socio es la razón social Green Movi SA de CV, una empresa que fue ampliamente beneficiada con contratos por más de 250 millones de pesos en la administración de Fayad Meneses.

Meses antes de la toma de posesión del morenista Julio Menchaca Salazar, como Gobernador de Hidalgo, registros de la Rommify Capital señalan que el 25 de mayo 2022, ingresó a la empresa como socio Juan Carlos Martínez Domínguez, quien tomó un total de 150 acciones, dejando a Guinea Prado, con 40; y a Green Movi, con solo 10 acciones de participación.

Martínez Domínguez, quien también aparece como socio en una red de empresas que han sido ampliamente beneficiadas con contratos en las administraciones anteriores, entre ellas: CELMILENIUM SA de CV,  Holy Cheese Food México SA de CV, Hermes Games SA de CV, Fibra OPCE SA de CV, Financiera Milenium SA de CV SOFOM ENR y Aero Servicios Ejecutivos RM SA de CV, entre otras, ha sido señalado e investigado por diversos medios locales por la venta a sobreprecio de tabletas electrónicas al gobierno de Hidalgo. Una de sus empresas vendió 15 mil tabletas electrónicas por 87 millones de pesos, pero una investigación de la UIF reveló que los aparatos tenían un costo real de casi 36 millones de pesos.

El empresario, también fue uno de los señalados en el esquema conocido como la “Estafa Siniestra”, que destapó Santiago Nieto cuando ocupó la FGE de Hidalgo, que implicó la simulación de contratos y servicios con empresas fantasma para desviar dinero del presupuesto público. Los fondos, que ascendían a más de 520 millones de pesos, que estaban destinados originalmente a obras públicas, salud y otros servicios esenciales.

LICITACIÓN A MODO

A mediados de 2025 el Gobierno de Hidalgo anunció la compra de 42 unidades; sin embargo, posteriormente, el esquema cambió a un arrendamiento de 80 autobuses, sin que se haya hecho público un estudio costo-beneficio del cambio, ni un dictamen técnico, ni el impacto presupuestal multianual.

Pese a ello, la convocatoria para Licitación Pública Nacional EA-913003989-N879-2025, fue publicada el pasado 27 de noviembre de 2025 por la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo para el arrendamiento de 80 autobuses: 42 de 80 pasajeros, y 38, de 50 pasajeros, que se sumaran a la flotilla del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH).

Durante las juntas de aclaraciones, empresas como Integra Arrenda y Forza Arrendadora Automotriz documentaron una serie de ‘candados’ para beneficiar a uno de los concursantes, dado que por el tiempo de entrega originalmente pactados en la convocatoria, que señalaba  que los 38 vehículos de 50 pasajeros, se deberían entregar a más tardar el 30 de enero del 2026, y el arrendamiento tendría una duración de 26 meses a partir del 01 de febrero del 2026 al 31 de marzo del 2028; mientras que los otros 42 vehículos de 80 pasajeros, se deberían  entregar a más tardar el 31 de marzo del 2026 y el arrendamiento tendría una duración de 24 meses a partir del 01 de abril del 2026 al 31 de marzo del 2028.

Sin embargo, tras la junta, la convocante modificó los plazos para las entregas: los 42 autobuses de 80 pasajeros será para el 31 de marzo de 2026 con un arrendamiento entre el 01 de abril de 2026 al 31 de marzo de 2028 (24 meses); mientras que los otros 38 autobuses de 50 pasajeros la entrega sería para el 30 de abril de 2026, siendo el arrendamiento entre el 01 de mayo de 2026 al 31 de julio de 2028 (26 meses).

Aun así, los participantes ven casi imposible que se pueda cumplir en tiempo y forma con la entrega de las unidades en los nuevos plazos acordados, a no ser que uno de los concursantes, como Rommify Capital, haya contado con antelación con ‘información privilegiada’.

Lo más extraño, denuncian empresas, es que Rommify Capital, en su giro no incluye ni la comercialización ni arrendamiento de unidades de transporte de estas dimensiones, lo más cercano o parecido se acordó en una modificación al objeto social realizado en 2022, donde se especifica lo siguiente: “El comercio al por menor de automóviles y camionetas usados”, en ninguna parte de su objeto social ni en las modificaciones, señala un rubro sobre el servicio requerido en la licitación EA-913003989-N879-2025.

Según el calendario de la licitación, el pasado 8 de diciembre, en una junta de aclaraciones exprés, pues solo duró 25 minutos, se hicieron cambios relevantes a la convocatoria: Ampliación de plazos de entrega, ajuste de dimensiones técnicas de los autobuses, exigencia de una sola carrocería y marca para ambos tipos de unidades y la exigencia de certificación EURO VI o EPA 24.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Según la apertura de propuestas, las empresas participantes son: Jetvan Car Rental SA de CV, de Cuauhtémoc Velázquez García, que uno de los proveedores más recurrente de los tres niveles de gobierno, con antecedentes de controversias públicas y según el expediente SANC-0001/2020 sufrió una inhabilitación de un año por irregularidades en la ejecución de contratos.

La empresa Jetvan Car Rental ofertó por el arrendamiento de las 80 unidades un monto de $431,976,805.17 pesos; cabe señalar que Forza Arrendadora Automotriz, SA de CV, una de las que se ha quejado de las irregularidades en la presente licitación, ha compartido representante legal con Jetvan en la persona de César Gerardo Matamoros Vargas, lo que habla de una estrecha relación de negocios entre ambas razones sociales.

La otra empresa es Arrendadora de Muebles e Inmuebles SA de CV, empresa fundada en Playa del Carmen, Quintana Roo, que recientemente ha obtenido contratos en alcaldías de la Ciudad de México para el arrendamiento de camiones y patrullas, pero que no se le conoce socios ni otros antecedentes. La empresa ofertó por los servicios $625,914,760.91 pesos.

La otra propuesta fue presentada por la citada Rommify Capital SA de CV, empresa hidalguense con domicilio en Zona Plateada, Pachuca de Soto, y que tiene un amplio historial de contratos recientes en Hidalgo con Oficialía Mayor, DIF estatal, STCH y municipios.

Recientemente firmó el contrato PMMR-SA-026-FORTAMUN-2025, 2 de julio de 2025, para el arrendamiento de patrullas en el municipio de Mineral de la Reforma por un monto de $13,777,737.60 pesos; en el DIF Estatal obtuvo el contrato DIF/DAJ/0120/2025, enero de 2025, para el arrendamiento de vehículos y equipo de transporte 2025-2026 por un monto de $26,352,339.78 pesos; el contrato 034/2025, del 7 de abril 2025, para el arrendamiento 58 camionetas pick up, modelo 2025, por un monto de $23,100,184.32 pesos; el contrato 033/2025, firmado el mismo 7 de abril para el arrendamiento de vehículos por un monto de $12,550,692.38 pesos.

El año pasado obtuvo el contrato 102/2024 para arrendar 175 vehículos por un monto de  $155,754,234.72 pesos; en 2023, firmó el contrato 421/2023, por un monto de $49,012,320 pesos. En total suma contratos por más de 300 millones de pesos en la actual administración hidalguense.

ESTE LUNES EL FALLO

La propuesta de Rommify Capital para el arrendamiento de los 80 autobuses es la más alta económicamente: $662,421,775.24 pesos, superando por más de 230 millones de pesos a la oferta más baja.

El fallo para adjudicar los servicios, cuya responsabilidad pesa sobre los funcionarios Edgar Orlando Ángeles Pérez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno de Hidalgo; Humberto Cabrera Román, director del SITMAH; y Lyzbeth Robles Gutiérrez, secretaria de Movilidad del Estado de Hidalgo, está programado para este lunes a las 11:00 horas.

El cargo Amañan licitación para el Tuzobús-Hidalgo apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

En el actual sexenio, la mayoría de los contratos se relacionan con proyectos prioritarios del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacan la asesoría financiera para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, obras gestionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que le han reportado ingresos por más de 40.2 millones de pesos.

Lo anterior, de acuerdo con una investigación publicada por EL CEO y pese a que en 2019 enfrentó inhabilitaciones y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), respectivamente, la empresa siguió captando contratos gubernamentales.

Por otra parte, en 2024, Altor incursionó en el sector bursátil con su propia casa de bolsa, la única aprobada en este sexenio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD), la firma logró captar 2,500 millones de pesos para financiar infraestructura gubernamental.

Altor ha participado también en la reestructuración de deuda en ocho entidades federativas, incluyendo Jalisco, Oaxaca y el Estado de México, acumulando pagos por más de 134.8 millones de pesos.

El posicionamiento de la firma conformada por exfuncionarios y empresarios como Marcela Andrade Martínez, extitular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP en el gobierno de Peña Nieto, y Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño con nexos cercanos al círculo del ex presidente López Obrador, como un nuevo actor de peso en el sistema financiero mexicano, ha sido cuestionado.

Lo anterior al replicar el modelo de asesoría gubernamental que en décadas anteriores impulsaron firmas como Protego y Evercore, ahora su influencia, no se limita solo a la administración pública, sino también en el sector financiero privado.

El cargo Altor, de consultora sancionada a firma clave en la administración morenista apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

Además, en la dependencia se mantiene en total opacidad al no hacer publica toda la información del contrato No. 11, relacionado el servicio de osteosíntesis, procedimiento clave en el tratamiento de fracturas complejas, por un monto total de 120 millones pesos a favor de la empresa XAO Technologies SA de CV con vigencia entre el 15 de enero y el 12 de diciembre de 2024.

Pero no solo fue ese contrato, sino que Hugo Alberto Espinoza Morales, le entregó sin licitar otro bajo el número 507-2022, firmado el 29 de diciembre de 2022 para el mismo servicio de osteosíntesis por un monto de $18,750,000 pesos con la vigencia entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2023.

Es decir, en solo dos contratos sin licitar, XAO Technologies SA de CV, ligada al empresario regiomontano Manuel Cantú Puebla, facturó la suma de 138 millones 750 mil pesos a los Servicios de Salud Oaxaca, gracias a Espinoza Morales.

Este mismo servicio de osteosíntesis, fue realizado en años anteriores por la razón social XAO Medical SA de CV, también de Manuel Cantú Puebla, como el Contrato de prestación de servicio No. 2017 por un monto de $11,052,534.45 pesos; y el DGSSO/SGAF/DIMSG/URMSG/105/2016 y el $633,706.96 pesos.

MANUEL CANTÚ PUEBLA

Manuel Cantú Puebla era un empresario modesto en Monterrey, Nuevo León. Con sus actividades empresariales, como persona física y con sus razones sociales, apenas obtenía contratos por 500 mil pesos – el más alto de 700 mil pesos – anuales con el gobierno de ese estado del norte del país y/o con el IMSS, como por ejemplo, el O3M0061 para la adquisición de mobiliario y equipamiento para centros de mezclas, régimen ordinario, Ejercicio 2023 por $328,582.68 pesos; o el contrato IMSS-OAX-113-2022, por $594,529.01 pesos para la adquisición de material de osteosíntesis y endoprótesis, ejercicio 2022.

El contrato SADA-ADTC-42FI43-022-2023 en Guadalupe, Nuevo León, para la adquisición de un monitor de signos vitales portátil por $327,593.34 pesos; el SADA-ADTC-42FI43-022-2023 para la adquisición de un aspirador de secreciones portátil por $327,593.34 pesos.

Como se observa, nunca antes había tenido contratos donde se manejarán recursos millonarios, pero con Hugo Alberto Espinoza Morales, llegaron los servicios por 120 millones de pesos.

Cantú Puebla llegó a Oaxaca en 2014, gracias a su relación con Ricardo Cid de León Ricárdez, ex secretario particular de Jorge Castillo Díaz, ex funcionario del gobierno de Oaxaca y señalado como el principal operador del ex mandatario Gabino Cué Monteagudo.

Ambos son socios en una empresa denominada Botaneros de Alimentos Divertidos SA de CV con el objeto social “explotación de restaurantes, bares, salones para convenciones, eventos y similares; así como elaboración y preparación de todo tipo de alimentos y bebidas en sus diferentes modalidades”.

Desde la administración de Cué Monteagudo, el regiomontano Cantú España empezó a ganar contratos: En 2015, sin licitar la razón social XAO Technologies obtuvo un contrato con el Seguro Popular de Oaxaca por $5,662,207 pesos para la adquisición de material de osteosíntesis y su asistencia técnica.

El 20 de mayo de 2016 gana otro contrato sin licitación de por medio bajo el mismo concepto, ahora por un monto de $19,784,071.72 pesos. Ya en el sexenio de Alejandro Murat, ganó otro contrato en Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por un monto de $633,706.96 pesos en diciembre de 2016 y uno más por el mismo monto el 30 de abril de 2017.

El 30 de diciembre de 2017 firma un contrato por adjudicación directa por $10,742,428.47 pesos.

En 2018 obtuvo en la SSO dos contratos: uno por $21,000,000 pesos, signado el 25 de mayo 2018, y en esa misma fecha, otro de $18,103,448.28 pesos. Todos por el servicio de contratación de materiales, accesorios y suministros médicos y materiales y de cirugía (osteosíntesis).

SIMULANDO LICITACIONES

El manejo de los procesos de los procesos de contratación por parte de Hugo Alberto Espinoza Morales, deja entrever la simulación de licitaciones, donde participaban empresas con fines o nombres en común, para favorecer a empresas como XAO Technologies SA de CV.

Un ejemplo es la licitación LPE-SA-SS-0027-11/2021 relativa a la adquisición de equipamiento para fortalecimiento de unidades médicas en las jurisdicciones sanitarias 5 ‘mixteca’ y 6 ‘sierra’ donde participaban las razones sociales XAO Technologies SA de CV, Grün Software Group SA de CV y Torres Bátiz Pacífico SA de CV.

De acuerdo con documentos de esa licitación, XAO Technologies la representaba Heriberto Martínez Miguel, mientras que por Grün Software Group lo hacía Carlos Alberto Hernández González, quien de acuerdo con su perfil en la red Linkedin al mismo tiempo trabajaba como junior consultant en la firma XAO Technologies; es decir, era un empleado de Manuel Cantú Puebla, por lo que había un interés en común entre estas dos empresas.

En ejemplo, las dos empresas Grün y XAO se llevaron cada una un lote por $320,226.12 y 5,572,358.12 pesos, respectivamente.

El cargo XAO Technologies, favorita en Salud Oaxaca; $138.7 mdp en contratos por ‘dedazo’ apareció primero en La Chispa de Oaxaca.

Lo anterior lo denuncian trabajadores, quienes señalan que los contratos y licitaciones, que son publicados parcialmente en los órganos de difusión y transparencia (sin documentos de soporte), son una vil simulación para beneficiar solo a las empresas a las que Espinoza Morales le pone el dedo.

“Hay que recordar que este funcionario fue operador de Germán Tenorio Vasconcelos, quien fue secretario de Salud en los primeros cuatro años del gobierno de Gabino Cué Monteagudo, y fue inhabilitado para ocupar cualquier puesto público durante 13 años, por casos de negligencia, enriquecimiento ilícito y nepotismo, donde Espinoza Morales ocupó la cartera de subdirector de administración y finanzas, y desde entonces ha tejido una red de tráfico de influencias y corrupción, que debe ser investigada por el gobernador Salomón Jara Cruz y Efrén Emmanuel Jarquín González, encargado de despacho de Servicios de Salud de Oaxaca (SSO)”, señalan los denunciantes.

Los denunciantes señalan que Hugo Alberto Espinoza Morales  fue señalado en su momento por participar en un esquema de desvíos con transferencias bancarias millonarias poco transparentes, sin licitación alguna, una de ella realizada el 18 de marzo de 2016 por 20 millones 567 mil 997.12 pesos desde el banco Banorte cuenta No. 0227887431 a nombre de los Servicios de Salud de Oaxaca (GTS DE OP 2014 DIFUSIÓN 2014), en beneficio de la cuenta 002610700283858877 del banco Banamex a nombre de la Corporación de Medios de Información S.A. de C.V., perteneciente al entonces ex candidato de MORENA a la diputación federal por el distrito del centro, Humberto López Lena.

En el reporte de Transferencia SPEI, se establece que son recursos del programa FASSA (Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud), pero el sello de la unidad de finanzas encabezada por Salime Díaz Tanus viene tachado y en donde aparece que es Ejercicio 2013, le enciman a mano un cuatro para figurar que son provenientes del año fiscal 2014.

En el reporte de la transferencia también sella y firma el subdirector de administración y finanzas, Hugo Alberto Espinoza Morales, quien se hizo cómplice de este movimiento monetario a todas luces irregular.

CREANDO EMPRESAS

Uno de los casos, señala la muy amplia denuncia entregada (con documentos y datos precisos) es la razón social Multiservicios Especializados Beraldis, S.A. de C.V., una empresa que apenas se constituyó el pasado 28 enero de 2023, según costa en la inscripción al RPC realizado por el Notario Público No. 111 de Oaxaca, Ricardo Harp Cruces.

Según el documento, los socios o accionoistas de la empresa Multiservicios Especializados Beraldis son Luz Mercedes Velasco Orozco, Mayra Edith Santiago Fregoso y Ximena González Santiago, quien cuando se realizó la inscripción contaba con apenas 21 años de edad.

Lo más extraño de todo, es que a los tres meses de ser constituida, el 6 de abril de 2023, la empresa ganó su primer gran contrato en Servicios de Salud de Oaxaca para la adquisición de cámaras de vigilancia por un monto de $11 millones 031 mil 749.64 pesos, contrato del que se desconoce los términos y los alcances, pues no está publicado por ningún lado.

El otro gran contrato fue por adjudicación directa, sin licitación de por medio, el pasado 15 de enero de 2024 por un monto de $15 millones 807 mil 871.48 pesos, del cual se desconoce el objeto, pues en los general del contrato 29 se omite toda la información, términos y alcances.

Por Pedro García.

El cargo Red de corrupción en Salud con Hugo Alberto Espinoza Morales apareció primero en La Chispa de Oaxaca.