Karina Reyes Ávila es nombrada Fiscal Anticorrupción de Oaxaca
La LXV Legislatura de Oaxaca ha designado a Karina Reyes Ávila como la nueva titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, cargo que ocupará por un periodo de siete años.
Antes de su nombramiento, el Pleno del Congreso aprobó la terna enviada por el gobernador, la cual estaba integrada por Mitzi Samary León Gómez, Karina Reyes Ávila y Estefanía González Ramos.
La presidenta de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, Elvia Gabriela Pérez López, destacó que el proceso de selección, realizado en conjunto con la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, se llevó a cabo bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad.
“La nueva fiscal tiene ante sí el reto de investigar y restaurar la confianza de la ciudadanía en que la justicia puede prevalecer. Para lograrlo, será crucial la colaboración de los legisladores, el apoyo institucional y el respaldo ciudadano”, señaló Pérez López.
Tras ser designada, Reyes Ávila tomó protesta ante la Mesa Directiva del Congreso en una sesión extraordinaria.
Este nombramiento llega después de que el anterior titular, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, concluyera su periodo el 9 de junio de 2024, tras siete años en el cargo.
Karina Reyes Ávila es abogada con ocho años de experiencia en el ámbito fiscal administrativo y en responsabilidades administrativas de servidores públicos. Ha trabajado en el Tribunal de Justicia Administrativa, así como en el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado.
La nueva fiscal presentó un plan de trabajo basado en cinco ejes estratégicos, enfocados en el fortalecimiento institucional, la capacitación de servidores públicos, la colaboración interinstitucional y la concientización social para prevenir la corrupción.
El pasado 9 de septiembre, las tres candidatas fueron entrevistadas por las Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y la Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en un proceso alineado a la convocatoria emitida el 7 de agosto de este año.
Posteriormente, el dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso del estado.
